Según el fiscal, los títulos de los lotes 59-01 y 57-02 de Pirayu’i, San Bernardino le corresponden al abogado y docente universitario Roberto Ruiz Díaz Labrano desde 1991, quien denunció la invasión de las tierras en 2019, dando inicio al proceso que culminó en la condena de Guillermo Páez y su hijo Antonio Páez en calidad de autores y Castorino Martínez y Luis Ojeda en calidad de co-autores.
Afirmó que con una constitución del Tribunal dentro del juicio se comprobó que los condenados no residían en el lugar en disputa hasta hace unos meses.
“Ellos viven en otro lugar, que se llama Tucanguá, que está a unos 300 metros del lugar. Manifiestan que de generación en generación vivieron ahí y probablemente sea cierto pero no se pudo comprobar. Ellos viven en Tucanguá hace bastante tiempo. Donde definitivamente trataron de instalarse en forma precaria hace unos meses no más, fue en Pirayu’i”, citó.
Añadió que en el lugar solo hay dos piezas, una de material y otra de madera y solo hallaron un colchón nuevo. “La casa no tenía letrina, ¿Dónde está la mesa?, ¿Por qué es hora de comer y no hay una mesa?, ¿Dónde están los animales? ¿Cómo 80 años y no hay rastros de los 80 años? No hay una foto familiar”.
El fiscal dijo que los testigos tampoco son vecinos del sitio de la denuncia y que incluso una de ellas no logró decir el nombre del lugar sobre el cual estaba declarando. “Los vecinos son de Tucanguá, no de Pirayu’i”, acotó el fiscal.
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Por otro lado, agregó que la figura de usucapión, planteada por la defensa de Páez fue mal utilizada ya que hicieron referencia a una propiedad donde ellos no estaban viviendo. “Ellos no pudieron convencer al Tribunal de que estuvieron viviendo de generación en generación”, dijo.
