El expresidente de la ANDE, ingeniero Pedro Ferreiro, dijo que todo apunta a que la reducción de la tarifa de Itaipú y las medidas anunciadas por el gobierno paraguayo forman parte de la campaña electoral del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y de su par brasileño Jair Bolsonaro. “Yo si fuera brasilero, daba por terminada la negociación”, dijo, dando a entender que Paraguay perdió con miras a la renegociación del Anexo C.

El docente y experto en energía, Victorio Oxilia, señaló que no ve como algo positivo la baja de la reducción porque después de los 4 meses de beneficio las facturas volverán a aumentar considerablemente. Señaló que el comunicado realizado por Mario Abdo Benítez es “ incompleta e intransparente, no sabemos qué beneficio hay para el Brasil”.

Daniel Benítez, viceministro de Política Criminal, manifestó que estudiarán la apertura de un sumario a funcionarios tras la denuncia de que la madre de uno de los procesados por el caso Mercat vivía prácticamente con su hijo en el Penal de Tacumbú.

La diputada liberal, Celeste Amarilla, indicó que desde el inició del juicio político a Sandra Quiñónez “la verdad es que no había los votos (sobre juicio político), cambiaba constantemente, una jornada faltaba 3, otras 2 y así sucesivamente”. Señaló que al votar se dio a conocer quiénes eran los que apoyaban y quiénes no.

El jefe de investigaciones de Concepción, Wilfrido Maldonado, señaló que un hombre denunció a un policía por hacerlo subir a su auto a la fuerza, la causa sería que el acusador debe más de Gs. 50 millones al uniformado. Señaló que ambos tienen un negocio que es comprar cuentas bancarias.

El secretario privado adjunto de la Presidencia de la República, Mauricio Espínola aseguró que varios diputados recibieron “ofrecimientos” de USD 10.000 hasta 250.000 para rechazar y archivar el pedido de juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. “También introdujeron caballos de troya”, expresó.

El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán calificó de “irresponsable” la información publicada por un medio colombiano que vincula al clan Insfrán en el crimen del fiscal Marcelo Pecci. No obstante mencionó que no descarta ni confirma la posible hipótesis.

El intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, afirmó que es normal que se generen reacciones cuando se están tomando las medidas correctivas, refiriéndose al pedido de intervención del Mercado 4 y la destitución del su director Juan Villalba por parte del permisionarios, luego del nuevo incendio. Aseguró que los trabajos se están haciendo y que “no le vamos a dar el gusto a todos porque no estamos acostumbrados a respetar las reglas”.

El diputado liberal Celso Kennedy no descartó la posibilidad de que el anuncio de expulsión de los diputados liberales que posibilitaron el archivamiento del pedido de juicio político a Sandra Quiñónez, formen parte de una campaña electoral para “excluir” a los que están por el ‘rekutú’. “Muchos de los que conforman el Directorio son candidatos”, dijo.

El comisario, Carlos Maldonado, informó que se produjo un intento de feminicidio en Capiatá este martes, detalló que un hombre apuñaló a su pareja en el cuello y luego intentó autoeliminarse produciéndose heridas también en el cuello y en la muñeca. La mujer se encuentra en estado grave en un centro asistencial.

Alicia Méndez, periodista de el Tiempo, manifestó que miembros del Clan Insfrán habrían ordenado el crimen contra el fiscal Marcelo Pecci en Colombia. Esto tras acceder a las declaraciones de Francisco Correa, sindicado como “el cerebro” del atentado.

El presidente del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), Guillermo Ferreiro, afirmó que solicitará en una reunión entre todos los sectores de la Concertación la expulsión de los diputados que dieron quórum para el rechazo y archivo del juicio político contra Sandra Quiñónez por. Señaló que sorprendió la actitud de liberales que quedaron tras la retirada de algunas bancadas.

Carlos Bogado, director de Aporte Obrero Patronal del IPS manifestó que someterán a un sumario a los funcionarios “infieles” que borraron las deudas que involucran a más de 30 empresas. Mencionó que el montó asciende a más de G. 5.000 millones. En ese sentido afirmó que no implica un daño patrimonial para la Previsional dado que las cuentas fueron restablecidas.