El hecho se habría registrado el pasado 26 de abril en uno de los sanitarios de la institución educativa, pero tomó estado público unos días después.
El informe llegó al despacho de la jueza María Teresa Cardozo, quien ahora deberá resolver qué medidas tomará en relación a los mismos.
El colegio había solicitado la identidad de los menores para tomar las acciones correspondientes para resguardar la integridad de los menores que asisten a la institución.
Sostuvo que por lo establecido en el artículo 25 y por el derecho constitucional que le asiste a los menores el Ministerio Público no puede proporcionar esa información.
