“Personalmente creo que, una fórmula de reparación es una Comisión de la Verdad, que declaren todas los actores que pasaron por ese proceso que nunca declararon. Me gustaría saber qué pasó ese día, por ejemplo Ninfa Aguilar, activó un desalojo cuando solo tenía orden de allanamiento para una persona que no tenía ningún tipo de propiedad”, aseveró.
“Que la Comisión de la Verdad escuche al fiscal Jalil Rachid, que explique por qué escondió casquillos que habían sido percutidos en la zona el día de los hechos. Los paraguayos merecen saber qué pasó en Curuguaty”, afirmó.
“La reparación en DD.HH. en el derecho internacional es un concepto amplio, cualquier tipo de reparación es viable en la sentencia en este caso podrían operar múltiples formas: el asunto de las tierras puede ser un elemento a debatir”, explicó.
“La reparación simbólica, se ha construido una realidad incriminatoria simbólica contra estas personas y a lo mejor se necesita de una reparación del tipo simbólico”, refirió.
Por su parte, Domingo Laíno, presidente de la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC), sostuvo que “el caso Curuguaty es el caso más grave ocurrido en Paraguay en la lucha por la tierra. Murieron 17 personas, 11 campesinos y 6 policías que también son hijos de campesinos, esto jamás ocurrió en el Paraguay”.
“Poder llegar a la CIDH y que ellos estén en este proceso de poder indagar y hacer justicia por las victimas de la masacre, me parece a mí que valía la pena. Es importante porque se consigue que la CIDH dé lugar a la petición realizada por el abogado Aitor Martinez”, expresó.
“El resumen de la CIDH empieza diciendo que el Estado paraguayo pudo haber violado derechos fundamentales reconocidos por varios artículos: el derecho a la vida, integración personal, garantías judiciales”, enfatizó.
Por otro lado, José María Quevedo, periodista e investigador de la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC), contó que cuando se enteró que la Comisión dio lugar a la solicitud lo primero que hizo fue comunicar a los afectados. “Están contentos, aunque todavía falta mucho”.
“El caso no es noticia en los últimos años pero el trabajo nunca para. Permanentemente, hay que preparar documentos para responder al Estado y Aitor trabajó incansablemente 8 años y de forma gratuita”, destacó.
“Desde el 15 de junio comenzamos a trabajar. Ví el 5 de julio que el doctor Domingo Laino fue a la cárcel, dije para hablar con él y que nos podía respaldar. Fui a la casa del doctor Laíno, me escuchó y no tardó ni un minuto en decirme ‘cuándo queres ir a Curuguaty'”, recordó.
“Los medios cerraron filas en cuanto a la investigación, pero entiendo a los colegas, es difícil acceder a las informaciones. No es fácil que un medio financie esto”, indicó.
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