“Esta Ley hace causar miedo, intranquilidad, traumas y miseria en nuestro país. Es horrible. Las familias están en zozobra, se perdió la tranquilidad en las comunidades indígenas y asentamientos urbanos. No se sabe cuándo habrá un desalojo. Es el día a día esperar, prepararse porque se sabe que va a haber mucha violencia”, lamentó la dirigente campesina.
“Aparte de las millonarias pérdidas, los traumas son terribles para mujeres, niños y ancianos. Muchos de los desalojos son comunidades que tienen 10 años, se quedan desolados o en la calle, se quedan en comunidades que les brinda un espacio pero no se pueden quedar mucho tiempo”, sostuvo.
“Las instituciones que tienen que ver con la protección de derechos sociales brillan por su ausencia, no aparecen. Es una situación miserable en que se encuentran las comunidades después de hacer toda una comunidad”, aseguró.
Por su parte, el secretario ejecutivo de Codehupy afirmó que la característica del desalojo “es su arbitrariedad e ilegalidad”.
“No es algo nuevo, se viene registrando hace mucho, nosotros desde Codehupy hace 5 años alertamos. Son ilegales porque el Estado no ofrece alternativas. En el desalojo hay un riesgo que debe ser protegido por el Estado”, sostuvo.
“Hay otros derechos humanos que deben ser tenidos en cuenta, no solo el de propiedad, como el derecho a la alimentación y la vivienda. Para el Estado solo prima el derecho a la propiedad. Hablamos de desalojos de prácticas estatales que son violatorias de derechos humanos y que este año ha aumentado de manera exponencial”, enfatizó.
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