Alegre realizó estas declaraciones en un mitin político en el oriental departamento de Alto Paraná, donde atribuyó la aprobación de la normativa esta semana en el Senado a “la desesperación de los que van a perder” en las elecciones, en referencia al gobernante Partido Colorado.
“El blindaje que vimos esta semana es el fruto de la desesperación de los que van a perder para brindar impunidad para Cartes”, dijo Alegre.
Además puntualizó que la alianza opositora “no aceptará” el posible veto parcial que podría dar el Ejecutivo a la normativa, que todavía tiene que ser revalidada por Cartes.
Esta nueva ley refuerza las condiciones mínimas que necesita cualquiera de las dos Cámaras legislativas para retirar la investidura de un parlamentario: aprobación por mayoría de dos tercios en lugar de mayoría simple y necesidad de que exista una sentencia judicial firme contra el senador o el diputado en cuestión.
Alegre destacó que Ganar ha decidido derogar esta normativa porque “solo garantiza impunidad para los corruptos” y que fue aprobada por casi todos los senadores colorados, algunos disidentes del opositor Partido Liberal, dos senadores conservadores y dos progresistas.
El pasado viernes, el principal rival de Alegre a la Presidencia, el candidato colorado, Mario Abdo Benítez, señaló que está de acuerdo con la mayoría de dos tercios que marca esta ley pero no con la necesidad de la sentencia firme, y apunto a corrupción del poder Judicial, que podría demorar esta medida por años.
Esta normativa fue impulsada meses después de que el Congreso se viera sacudido por la divulgación de audios en los que se escuchaba a algunos legisladores ejerciendo presión sobre fiscales o haciendo referencia a ese tipo de tráfico de influencias.
Las cintas, difundidas por los medios, fueron el detonante de la pérdida de investidura, la primera en la historia del país, del senador oficialista Óscar González Daher, hoy imputado y entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Semanas después, la Cámara Alta propuso hacer lo mismo con el senador conservador Jorge Oviedo Matto, quien acabó renunciando a su banca antes de que lo echaran acusado también de presunto tráfico de influencias.
Los audios filtrados y publicados desde diciembre por la prensa local provocaron un debate en el país sobre la necesidad de emprender una reforma de la Justicia y replantear la existencia del JEM, ente encargado de enjuiciar a magistrados y a agentes fiscales.
Fuente: EFE
