La presidenta del Comité de Coordinación para los Procedimientos Especiales de la ONU en materia de Derechos Humanos, Catalina Devandas Aguilar, hizo este llamamiento en nombre de la recientemente fallecida relatora especial para Irán, Asma Jahangir, quien iba a presentar hoy su último informe ante el organismo que vela por las libertades fundamentales en el mundo.
La abogada y defensora de derechos humanos paquistaní falleció el pasado 11 de febrero a raíz de un ataque cardíaco, pero dejó preparado el informe que hoy se presentó al Consejo de Derechos Humanos, aunque sin poder considerar los comentarios de Irán.
El mandato de la relatoría especial de la ONU para Irán tiene que ser prolongada durante la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos, un mandato que a Jahangir solo pudo ejercer desde fuera de la República Islámica, pues no se le permitió la entrada al país.
“Urjo fuertemente al Gobierno iraní a cooperar plenamente con el nuevo relator si se prolonga el mandato, incluyendo al permitir visitas al país”, dijo Devandas Aguilar.
En línea con las recomendaciones de Jahangir, Devandas Aguilar instó “al Gobierno a tomar todas las medidas necesarias para poner fin a los actos de intimidación y de represalias contra aquellos que cooperan con la ONU en los derechos humanos, a fin de protegerlos y asegurar que las personas y entidades estatales que cometan tales actos rindan cuentas”.
El secretario del Alto Consejo para los Derechos Humanos de Irán y representante del Gobierno, Mohammad-Javad Larijani, presentó sus objeciones, ya que Teherán considera que Devendas Aguilar “no tiene el mandato para emitir recomendaciones, sino solo para resumir” el informe de Jahangir.
El informe de Jahangir dibuja una “preocupante fotografía” de la situación de los derechos humanos en Irán y de las “violaciones del debido proceso y del derecho a un juicio justo, arrestos y detenciones arbitrarias, ejecuciones, incluidas de delincuentes juveniles, nuevas restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como al acceso a la información”.
También critica las condiciones de la detención, la denegación de atención médica adecuada, tortura y otros malos tratos durante la detención, en particular para conseguir confesiones, y la discriminación contra mujeres, minorías religiosas y étnicas, así como de personas de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero.
Entre sus críticas figuran las 482 ejecuciones que fueron llevadas a cabo en Irán en 2017, cifra que es inferior a la de 2016 reconoce la fallecida relatora, pero que sigue preocupantemente alta, especialmente para delitos relacionados con drogas.
Actualmente 5.300 personas se encuentran a la espera de ser ejecutadas por delitos relacionados con las drogas, de las que el 90 % no había violado la ley con anterioridad y que tiene entre 20 y 30 años.
Irán ha enmendado la ley, pero mantiene la sentencia de muerte obligatoria para un amplio abanico de infracciones con drogas.
A Jahangir le preocupa además las ejecuciones de delincuentes juveniles, pues 80 personas están actualmente sentenciadas a muerte por algo que cometieron cuando eran menores.
Asimismo, la fallecida relatora recibió a lo largo de 2017 más de 150 denuncias de personas sobre las presuntas ejecuciones sumarias y desapariciones forzosas de miles de presos políticos, hombres, mujeres y adolescentes en la masacre en 1988, e información sobre la supuesta profanación de lugares que se creen son fosas comunes. EFE
