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Silva González explicó que la propiedad fue adquirida en 1981 cuando la firma Carlos Cazal dio el terreno como forma de pago tras la deuda que mantenía con la institución. Desde ese momento ingresó a una mensura judicial que consta en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
La empresa ganadera aparentemente había realizado una mensura judicial donde aprovecharon la ocasión y se apropiaron de 8000 de las 15.000 hectáreas que hay en el lugar. La previsional entabló la denuncia porque hubo una supuesta invasión sacando el cercado que tenía la propiedad.
Antes de este problema el lote había sido alquilado por otras empresas para que puedan explotarla con el fin de pagar el arrendamiento para que ingrese a las arcas del IPS. Aseveró que la asesoría jurídica cuenta con los documentos pertinentes para demostrar la irregularidad que plantean.
El funcionario recordó que en el departamento de Boquerón la previsional cuenta con más de 210.000 hectáreas, los 8000 por el momento no pueden ser utilizadas ya que está en litigio judicial. El valor de la propiedad rondaría según los cálculos unos USD 10 millones.
