Afirmó que son dos hechos punibles en su calidad de intendente, por lo cual se lo imputa como representante legal del municipio. “Una persona que está a cargo no puede desconocer la obligación y responsabilidad en su calidad de intendente de la recolección y disposición final de residuos urbanos” dijo la fiscal, por lo cual se prevé una pena privativa de libertad de hasta 5 años acompañada de una multa.
“Vemos conveniente que el municipio se adecue primero que nada y el implicado cumpla con su función y obligación de encargarse de la recolección y disposición final de los residuos para luego ver cuál sería la salida más conveniente para esta causa” aseguró la agente fiscal.
Sostuvo que luego de una investigación de disposición y recolección de basura en el marco de una denuncia por supuestos vertederos clandestinos, fue donde constataron el allanamiento a un depósito y centro de transferencia perteneciente a la municipalidad de la ciudad.