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“No es que se niegan a una auditoría de forma expresa sino que remiten sus documentos al Tribunal de Cuentas y cuando nos vamos a auditar, pedimos la documentación y nos dicen que esa documentación que se requiere no tiene porque remitió al Tribunal de Cuentas, esa coyuntura de hecho y derecho impide nuestra labor misional”, sostuvo.
Explicó que “hace años reclamamos que instituciones públicas presentaron acciones de inconstitucionalidad contra una Ley que reglamenta las funciones y competencias del Tribunal de Cuentas, antes en la Constitución el organismo de control era el Tribunal de Cuentas, situación que cambió con la actual Constitución, se crea la Contraloría con la competencia de la fiscalización de gastos públicos”.
“Esto no necesariamente debe ser malo para el ordenador de gastos porque es un respaldo que la Contraloría audite y no encuentre ningún tipo de irregularidad, pero impedir que se controle da muy mala imagen”, aseveró.
