“Estamos hablando de 400 ordenes de pago que fueron efectuadas en ese periodo por un monto aproximado de G. 50 mil millones a los efectos de verificar el respaldo documental de cada uno de los desembolsos”, afirmó.
El agente detalló que son transferencias que habrían sido realizadas a instituciones educativas y privadas sin fines de lucro.
“Conforme a la verificación que fuimos realizando, estas instituciones que habían recibido estas transferencias en el 2019 también habrían recibido transferencias en el 2020 por lo cual nos constituimos en la Gobernación a los efectos de realizar un allanamiento e incautar las documentaciones que guardan relación con las transferencias del 2019 y 2020”, enfatizó.
Explicó que esta causa inició hace unas semanas a raíz de un informe remitido por parte de la Contraloría. “La auditoría fue realizada con relación al ejercicio 2019 en la cual el informe concluye que no se ha arrimado documentación respaldatoria de las transferencias que habían sido realizadas, las transferencias ascienden a un monto aproximado de G. 18 mil millones en el 2019”, refirió.
Mencionó que el hecho en principio se configuraría en supuesta lesión de confianza tras el informe final de la Contraloría General de la República donde afirman que G. 18.000 millones no tienen respaldo de facturas.
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