“Cuando una ocupación se restringe a la actuación militar, no resuelve las causas del problema, sino los efectos”, dijo Fernandez Nunes, quien aseguró que estas causas “serán resueltas en los planos económico, social y político”.
El nuevo secretario de seguridad fue nombrado para el cargo por el interventor que comanda la seguridad en Río de janeiro, la ciudad más emblemática de Brasil, el general Walter Braga Netto.
La intervención federal de la seguridad de Río de Janeiro que fue decretada por el presidente de Brasil, Michel Temer, el 17 de febrero, cede a los militares el control de la seguridad en el estado hasta finales de 2018, tras una ola de violencia que el año pasado causó 6.731 muertes, entre ellas más de 100 policías y diez niños alcanzados por “balas perdidas”.
El general dijo que la intolerancia que se vive actualmente lleva a que pequeños problemas sean resueltos con “una violencia absurda”.
“Cuestiones menores se transforman en actos violentos” y por eso se necesitan hacer campañas para “desarmar el espíritu”, aseguró.
Por eso quiere concentrar parte de su accionar en las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) y recargar su objetivo inicial de llevar acciones sociales a las favelas.
Las UPP son comisarías situadas dentro de favelas de Río de Janeiro que fueron creadas en 2008 para resolver la violencia en esas comunidades y expulsar a las bandas de narcotraficantes de esas barriadas.
Para Fernandez Nunes buscar una solución a la violencia de Río es un trabajo conjunto entre autoridades y sociedad civil.
“Estamos en el mismo barco. O nos unimos para resolver esto o vamos a quedarnos reclamando eternamente”, señaló.
Con relación al incremento de las muertes de civiles, que aumentaron un 57,1 % por supuesta resistencia a operaciones policiales, el general aseguró que los enfrentamientos armados son “casi una ley de acción y reacción”, “un círculo vicioso” que según él necesita romperse.
Para romperlo “necesitamos un trabajo de concientización, mostrar que no es posible vivir así” precisó.
Sin embargo, en la entrevista el general defendió la legislación especial que existe para acciones militares que impide a la justicia civil juzgar actuaciones del Ejército y dijo que “para situaciones extraordinarias, (la ley) debe existir”.
“Nadie quiere autorización para que el soldado practique un crimen, pero si se somete a un juicio, es necesario que haya esa percepción (de situación extraordinaria)”, dijo.
“La operación no es policial, es militar” y por eso “los actos de ese soldado tienen que ser apreciados por la Justicia Militar”, puntualizó.
EFE
