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“Generalmente se piensa en el sistema general de lavado de dinero pero las últimas experiencias en el país, como Ultranza, nos demostraron la teoría de que eventualmente pueda utilizarse el ámbito de las compras públicas para mover dinero irregular”, afirmó.
“Es una de las primeras políticas especificas de buscar la prevención de utilización de recursos financieros irregulares por parte de proveedores del Estado en el ámbito de las contrataciones públicas en la región, somos innovadores en la materia”, sostuvo.
Mencionó que la iniciativa tiene por objeto evitar que proveedores y contratistas del Estado cuenten con recursos financieros provenientes del lavado de dinero o bienes y en general de cualquier actividad ilícita.
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