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“Tenemos la obligación internacional de cumplir con la responsabilidad que fue determinada en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Nissen. Los derechos vulnerados se dan en relación a las garantías judiciales, protección judicial y el Estado vulneró su estabilidad laboral”, dijo.
Comentó que las reparaciones que determinó está sentencia tiene que ver con una suma indemnizatoria que alcanza por distintos rubros USD 303.000. A parte deben reintegrar unos USD 5.800 al Fondo de Asistencia a Víctimas.
“Consideramos que sí se puede determinar que hay responsabilidades individuales deberían ser estas las personas responsables internamente, no para la Corte porque para ellos queda claro que la responsabilidad directa es del Estado”, refirió.
“No es directamente aplicable hoy porque no hay una responsabilidad subsidiaria para la Corte Interamericana sino una directa. Podemos encontrar un marco normativo regulatorio y determinar si estas personas aún son funcionarios o están integrando otra institución, pero luego de cumplir la sentencia con Nissen”, explicó.
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