Cada dos horas una adolescente de entre 14 y 19 años da a luz en Paraguay, según informe

Aníbal Cabrera Echeverría, director ejecutivo de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, habló sobre los datos presentados por el dossier “La Infancia Cuenta 2020”. Dijo que en Paraguay cada dos horas una adolescente de entre 14 y 19 años da a luz.

Nov 22, 2021

En Paraguay, 18 niñas, niños y adolescentes fallecieron por desnutrición severa en el 2020, 12,7 % de niñas y niños de menos de 5 años tenían desnutrición crónica; y el 47,4% de las personas en situación de pobreza eran niñas, niños y adolescentes, según datos presentados por el dossier “La Infancia Cuenta 2020” presentado por el Observatorio sobre Políticas Públicas y Derechos de la Niñez y la Adolescencia (CDIA Observa) de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA).

Dicho informe, dado a conocer en el marco de la 6° Semana de ODS e Inversión en Niñez y Adolescencia, incluye datos clave de fuentes oficiales sobre la situación de niñas, niños y adolescentes clasificados en seis dimensiones: demografía,  economía, salud, educación, protección y acceso a la justicia. Fue elaborado en base a datos proveídos por 10 organismos y entidades del Estado. A continuación se revelan algunos de los datos presentados en las distintas dimensiones.

En la dimensión salud, el dossier incluye datos preocupantes en relación al embarazo de niñas, resultado del abuso sexual. En 2020, dos niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz por tercera o más veces, y otras diez lo hicieron por segunda vez. Solo en Alto Paraná y Central fueron registrados 125 de los 494 partos de niñas de entre 10 y 14 años. Paraguay mantiene  desde el 2013 hasta el 2019 un promedio de dos partos diarios de niñas de entre 10 y 14 años, como resultado de los abusos sexuales.

En la dimensión de protección, las cifras de violencia contra niñas, niños y adolescentes también alcanzaron niveles alarmantes. El servicio Fono Ayuda 147 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) registró entre los años 2014 y 2019 un incremento del 76% en la recepción de notificaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes; pasando de 3.357 en el 2014 a 5.912 casos denunciados en el 2019, disminuyendo a 5.060 en 2020. Las instituciones educativas son un eslabón clave en la identificación de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes: la pandemia implicó que parte del sistema de protección no funcionase.

En relación a la dimensión económica, los departamentos donde casi la mitad de niñas, niños y adolescentes están en situación de pobreza son San Pedro, Caaguazú y Caazapá. En Paraguay, de cada 10 niñas, niños y adolescentes, cuatro vivían en situación de pobreza (extrema y no extrema) en 2020 (un total de 911.486). Al 2020 el servicio Fono Ayuda del MINNA recibió 33 reportes sobre casos de criadazgo: de estos, 72% eran niñas y adolescentes mujeres. El criadazgo es una forma de explotación de niñas, niños y adolescentes para la que aún existen dificultades de registro en el país y afecta principalmente a niñas y adolescentes mujeres en situación de pobreza y de zonas rurales.

En la dimensión acceso a la justicia, en todo el país se tiene un promedio de 13 denuncias por día por incumplimiento del deber alimentario: 30,8% de todos los casos ocurrió en Central. En relación a adolescentes en conflicto con la ley penal, el Mecanismo de Prevención de la Tortura denunciaba en su informe de 2020 que las torturas y malos tratos prevalecen dentro del “sistema de castigos” de los centros educativos. Solamente el 22,8% de adolescentes en privación de libertad en 2020 contaba con una condena.

En cuanto a la dimensión educación, 43,4 % de adolescentes indígenas de entre 14 y 17 años no asistía a una institución educativa formal, según la EPHC Indígena 2016-2017 (INE). En 2020, el 78,6% (1.206.495) del total de niñas, niños y adolescentes matriculados en el nivel inicial, escolar básica y media, lo hacían en instituciones públicas. El proceso de abandono escolar comienza alrededor de los 13 años y afecta a más de 10.000 estudiantes cada año: 9 de cada 10 estudiantes reprobados desisten de seguir con sus estudios, y no se matriculan al año siguiente.

En relación a la dimensión demográfica, 35 de cada 100 habitantes del Paraguay son niñas, niños y adolescentes (un total de 2.504.068 personas). En cuanto a la población indígena, una de cada dos personas indígenas tienen entre 0 a 17 años de edad, según la EPH 2016.

 La Semana ODS e Inversión en Niñez y Adolescencia es un espacio impulsado por la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), en alianza con el Estado a nivel local y nacional, organizaciones de la sociedad civil, universidades, agencias del sistema de Naciones Unidas y la cooperación internacional.

Consiste en una serie de talleres, conversatorios y seminarios con el objetivo de visibilizar las brechas y desafíos que existen entre la Agenda 2030 y la inversión social en Paraguay, con énfasis en niñez y adolescencia; de manera a sensibilizar e informar a decisores políticos, directivos y técnicos de los tres poderes del Estado y de los tres niveles de Gobierno sobre la necesidad e importancia de incrementar la cantidad y la calidad de la inversión para este grupo de población.

Las actividades de la 6° Semana ODS e Inversión en Niñez y Adolescencia son impulsadas por CDIA en conjunto con Decidamos, Plan International, la Universidad Iberoamericana (UNIBE); en alianza con la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República (UTGS), el MINNA, el Frente Parlamentario por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de la Defensa Pública (MDP), el Ministerio Público, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Apoyan el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo Fiduciario para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (ONU Mujeres), la Junta de Andalucía (España), la Fundación Ayuda en Acción, Kerk In Actie (KIA), ICCO Cooperación y la Unión Europea.

 


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