Denuncian que sojeros manipularon a indígenas para realizar protesta

El Instituto Nacional del Indígena (Indi) denunció que un grupo de sojeros terratenientes trasladó en camiones hasta Asunción a miembros de varias comunidades indígenas para que protesten hoy contra el Gobierno, bajo la amenaza de que habrá “posibles encarcelamientos” de líderes.

“Fueron invitados a venir a manifestarse ante posibles encarcelamientos de líderes por los arrendamientos de tierras en las comunidades”, dice un comunicado oficial del Indi en el que la entidad niega que tal cosa vaya a ocurrir.

Un centenar de personas de comunidades indígenas del departamento de Alto Paraná y del departamento de Canindeyú, llegados hace dos días a Asunción, realizaron una marcha hoy entre el edificio del Indi y el de la Vicepresidencia de la República, en el centro de la capital.

Los representantes de la protesta, como el líder Panta Piris, exigen que no se realice la modificación de una ley que pretende castigar a los grandes terratenientes que compran o alquilan ilegalmente tierras a las comunidades indígenas, por temor a que les afecte a ellos.

Según el Indi, este grupo de indígenas fue manipulado con “información tergiversada” por los terratenientes sojeros que les arriendan ilegalmente parte de sus tierras, en su mayoría brasileños dedicados a la producción de soja, que son los que podrían ser perseguidos por la Justicia si estuvieran aprovechándose de las comunidades de nativos.

“¿Quién financia la constante venida de los indígenas a manifestarse por asuntos que no afectan a indígenas, sino a quienes alquilan las tierras indígenas?”, expresó el presidente del Indi, Jorge Servín, en la nota.

La modificación de la ley fue presentada la semana pasada por el Indi y varios sectores progresistas del Poder Legislativo y quiere prevenir “la comisión de hechos punibles contra bienes patrimoniales pertenecientes o destinados para el asentamiento de comunidades indígenas”.

El texto establece la nulidad en la adquisición de tierras o inmuebles pertenecientes a una comunidad nativa y en el caso de comprobarse una compra indebida, la ley establece como castigo una pena privativa de libertad de 2 a 5 años para el que adquiera irregularmente la propiedad.

“No se descarta que varios líderes que encabezan la manifestación sea a instancias de los arrendadores o aparceros de las tierras indígenas”, añadió Servín, quien lamentó que esta situación se da en más de una veintena de comunidades de esos departamentos en donde se han producido arrendamientos ilegales durante mucho tiempo.

“Las tierras indígenas no se pueden alquilar, arrendar, ni hipotecar, ni dividir, no prescribe, siempre es y serán tierras indígenas (…) Hay mucho dinero en juego”, declaró el funcionario.

En los departamentos de donde proceden estas comunidades indígenas de la etnia ava guaraní, la hectárea de tierra varía entre los 12.000 y 15.000 dólares, los precios más altos del país cuya economía está volcada a la producción agropecuaria y ganadera.

EFE

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