Son más de 160 las escuelas afectadas por fumigaciones sojeras en Alto Paraná

Hace un par de semanas la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígenas (CONAMURI) denunció las condiciones en que daban clases en la escuela, ubicada en el departamento de Alto Paraná, el más sojero de Paraguay. El lugar se llama Ytororo y queda en el distrito de Itakyry, a 430 kilómetros al Este de la capital paraguaya.

De acuerdo a la denuncia de la comunidad el brasileño Wilmar Dos Santos explota en el lugar unas 100 hectáreas de soja transgénica y a base de fumigaciones, inclusive utilizando parte del terreno de la escuela pública.

La escuelita tiene dos aulas y alberga a alrededor de 15 niños y niñas desde el primero al sexto grado, que juegan y dan clases mientras se realizan las fumigaciones.

Marta López, ex directora de la Dirección de Educación Escolar Básica del Ministerio de Educación y Cultura(MEC) dijo a BASE IS que en 2010 habían sistematizado la cantidad de escuelas que estaban rodeadas y afectadas por sojales en todo el país, y que llegaban casi a 500.

De acuerdo a esa sistematización, sólo en el departamento de Alto Paraná, entonces existían 163 escuelas en esta situación.

En Ytororo las fumigaciones vienen afectando a la comunidad, y a los niños y niñas con sus familias, en distintos derechos: económicos, culturales, ambientales, educativos y hasta afectaciones en la salud y la vida,

Hace dos meses falleció una niña de 12 años, luego de presentar síntomas que el vecindario vincula con las fumigaciones (dolores, diarrea, vómito) y otros miembros de su familia se tuvieron que internar y siguen registrando afecciones cada vez que el tractor fumigador pasa cerca de la casa y de la escuela, de acuerdo a las denuncias.

El parte médico declaró que la niña murió por una gripe H1N1, pero en su certificado de defunción se registró que fue por neumonía. Lo concreto es que las autoridades sanitarias locales recomendaron a la familia a enterrar pronto a la niña “para evitar contaminación”.

La situación viene dañando los cultivos silvestres de yerba mate de familias campesinas del lugar, cultivos de supervivencia y animales de corral.

En lo ambiental, las fotografías compartidas por Conamuri evidencian la violación de leyes ambientales por parte de la explotación sojera, pues no respeta la franja libre de 100 metros que separe el cultivo de caminos, poblaciones y hasta la propia escuela; tampoco tiene barreras vegetales de mitigación de las fumigaciones.

Todos estos antecedentes fueron denunciados ante tres instituciones estatales, la Fiscalía de Delitos Ambientales(con cabecera en la ciudad de Minga Porâ), la Secretaría del Ambiente(SEAM) y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).

Luego de las denuncias las dos últimas instituciones se presentaron en la comunidad. En el caso de los funcionarios del SENAVE, intervinieron el sojal destruyendo solamente 15 metros del sojal que linda con la escuela. Como resultado, si ayer la escuela estaba pegada al sojal, hoy está a 15 metros de distancia.

La ley 3742 (De control de productos fitosanitarios de uso agrícola) en su artículo 68 habla de 100 metros libres y de barreras vegetales de cinco metros de grosor, para separar de cualquier tipo de asentamiento humano o camino vecinal.

“La intervención fue solo para la foto, destruyeron solo 10 a 15 metros, cuando sabemos que la ley habla de 100 metros y barreras vegetales de 5 metros de grueso”, dijo un referente local.

También comentó que el sojero explota parte de la tierra de la misma escuela y que en ese caso la franja de 100 metros debe contar recién desde fuera del predio de la escuela, no incluirlo.

Durante la intervención los funcionarios de SENAVE mostraron sólo interés en hablar con el productor sojero y sólo debido a las presiones de la comunidad fueron a ver la escuela y a las familias más afectadas, explicaron fuentes comunitarias.

Luego de hablar con el brasileño los funcionarios preguntaron en tono de reclamo si la comunidad acaso quería andar mal entre vecinos, que el brasileño tenía la buena predisposición de destruir sus cultivos y que no conocía las leyes ambientales por eso no las respetaba. Días más tarde, el brasileño dijo a personas de la comunidad que fue muy perjudicado, porque los funcionarios le cobraron mucha plata.

Luego de la visita del SENAVE el productor sojero colocó dos líneas de pasto camerún frente a la escuela e hizo lo mismo frente a la casa de la familia donde falleció la niña de 12 años, de acuerdo a la denuncia.

El camino comunitario que lleva a la escuela, al oratorio y conecta a los vecinos y vecinas, sigue al borde del sojal, como las demás casas de familias campesinas.

Ni el Ministerio de Educación y Cultura(MEC) ni la Fiscalía de Delitos Económicos ni el Ministerio de Agricultura y Ganadería(MAG) ni el Ministerio de Salud se presentaron aún en la comunidad para siquiera registrar la situación.

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