Denuncian abuso de condenas a prisión contra adolescentes

El sistema judicial paraguayo hace un uso abusivo de las condenas a prisión dictadas contra los adolescentes infractores de la ley, según indicó Ximena López, investigadora de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA).

“La respuesta que usa el Estado ante problemáticas como la pobreza o la adicción a drogas es el encarcelamiento de adolescentes”, dijo López, que participó este lunes en el seminario “Situación de adolescentes privados de libertad: ¿negación de derechos o reinserción?”, organizado por CDIA.

“Ante adolescentes con una condena anterior, que no tienen apoyo familiar o que tienen problemas de adicción a drogas, los jueces suelen dictar internamiento en centros de educación integral, en lugar de dar respuestas integrales a estos jóvenes en situación de vulnerabilidad”, afirmó la investigadora.

Entre estas respuestas, citó la “articulación de políticas públicas para combatir la pobreza y la desigualdad social”, que consideró “la raíz del problema”, aunque admitió que “no existen fórmulas mágicas”, sino que debe construirse una respuesta coordinada entre varias instituciones.

“Lo que sí está claro es que la respuesta represiva que hoy ofrece el Estado no es el camino. Encarcelar a los adolescentes, como única alternativa, no da soluciones, sino que genera más violencia”, sostuvo.

López alertó además de la elevada tasa de adolescentes con penas de prisión preventiva internados en centros educativos integrales, que en muchos casos ven cómo se hacen efectivas sus condenas a través de “procedimientos abreviados y faltos de garantías”.

La investigadora también lamentó las “precarias condiciones” de los adolescentes privados de libertad en estos centros, donde padecen “pésima alimentación y una educación paupérrima”, con solo dos horas de clases no obligatorias al día.

Denunció además que las actividades de recreación o aprendizaje de oficios en los centros son “inexistentes”, y advirtió que los internos siguen siendo víctimas de “abusos y golpes”.

“Lo más alarmante es que muchos de ellos han normalizado el maltrato que reciben, lo ven como algo natural”, observó López.

La investigadora obtuvo estas conclusiones a través del estudio de cerca de una veintena de procesos judiciales de adolescentes y de entrevistas personales con más de 40 menores internos en centros educativos y con sus familiares.

Paraguay carece de centros especializados en el tratamiento de menores infractores de la ley que padezcan adicción a las drogas, según declaró recientemente a Efe el director del Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (Senaai) de Paraguay, Orlando Castillo.

En relación con los centros de menores, Paraguay cuenta con una sentencia en su contra dictada en 2004 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

La corte lo sentenció por violar los derechos a la vida, a la integridad personal, al debido proceso y a la protección judicial de los aproximadamente 4.000 jóvenes que estuvieron en el Centro Educativo de Itauguá (conocido como Panchito López) entre 1996 y 2001.

EFE

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