Caso Curuguaty: Suspenden juicio tras denuncia penal contra tribunal

La denuncia fue presentada ayer ante la Fiscalía contra el tribunal presidido por el juez Ramón Trinidad Zelaya, por los presuntos hechos de prevaricación y producción de documentos no auténticos, entre otros, explicó el abogado Víctor Azuaga, defensor de diez de los campesinos acusados.

Por otra parte, también fue presentada una denuncia contra la Cámara de Apelaciones de Salto del Guairá por supuestamente dictar “resoluciones arbitrarias y en tiempo récord”, en relación con el último pedido de recusación al tribunal del juicio por la masacre.

Este pedido fue tramitado por el abogado Pablo Aguayo, defensor de una de las acusadas, y se resolvió menos de 24 horas después con la confirmación de los magistrados.

“Estamos planteando también una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para que resuelva juzgar a estos magistrados por mal desempeño de sus funciones”, indicó Azuaga.

Los miembros del tribunal suspendieron hoy el proceso judicial a la espera de que la Fiscalía tramite las denuncias presentadas contra ellos y contra la Cámara de Apelaciones.

Para Azuaga, tanto las resoluciones de los magistrados como las acusaciones de la Fiscalía son “totalmente nulas” y forman parte de un “proceso viciado”.

Destacó que nueve de los doce campesinos adultos están acusados por homicidio en grado de tentativa por la muerte de seis policías en la masacre, pero la Fiscalía “nunca encontró el arma que corresponda con los disparos”.

Además, los disparos contra los policías “fueron efectuados desde arriba”, mientras que en el caso de los campesinos los tiros impactaron “en la boca, el oído o el corazón”, lo que lleva a deducir que “fueron ejecutados”.

Los otros cargos que se imputan a once de los acusados son los de asociación criminal e invasión de inmueble ajeno, que Azuaga también puso en duda.

“Los acusados son campesinos reunidos en una asociación legal y reconocida por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Además, las tierras que ocuparon son públicas, de propiedad estatal, y la Fiscalía nunca pudo presentar el título de propiedad privada de la finca”, expuso el abogado.

EFE

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