Los tres poderes del Estado rechazan deuda de tiempos de dictadura

Los representantes de los tres poderes del Estado acordaron ayer mantener una postura común de rechazo a la reclamación promovida en 1993 por nueve bancos a raíz de una deuda contraída entre 1986 y 1987 por el “cónsul itinerante” del régimen dictatorial de Stroessner, Gustavo Gramont Berres, presuntamente con el aval del Gobierno.

“Hay una posición de desconocer esta deuda y nos vamos a defender fuertemente”, dijo en rueda de prensa el procurador del Estado, Roberto Moreno, tras la reunión este lunes del presidente, Horacio Cartes, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, el del Senado, Mario Abdo Benítez y el de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez.

Gramont, entonces enviado a Ginebra (Suiza) por Stroessner, usó supuestamente una garantía falsificada realizada por él mismo en nombre del Estado y un reaseguro otorgado por la italiana SACE (Sezione Especiale per l’Assicurazione del Crédito all’Esportazione) con el que recibió préstamos por valor de unos 85 millones de dólares para sus empresas “Lapachos” y “Rosi”.

Los proyectos de inversión ideados por Gramont, que consistían en una procesadora de cítricos y una planta de productos farmacéuticos, quedaron en la nada, así como la amortización de los préstamos.

El Tribunal Federal suizo condenó en mayo de 2005 al Estado paraguayo a pagar 85 millones de dólares a esos bancos, encabezados en ese entonces por el ya desaparecido Overland Trust Bank.

El canciller, Eladio Loizaga, calificó la deuda de “ilegítima y espuria”.

Sin embargo, el anterior mandatario, Federico Franco, declaró en junio de 2012 que su país pagaría la deuda como vía para desbloquear sus reservas internacionales.

Franco recordó entonces que Paraguay tiene casi 5.000 millones de dólares de reservas internacionales en un banco de la ciudad suiza de Basilea, “donde no genera intereses”, dado que están bloqueados para evitar un embargo por la deuda de Gramont.

El procurador recordó este lunes que el Estado paraguayo tiene 60 días para contestar a una nueva demanda por este mismo caso, esta vez tramitada en un tribunal de Washington, Estados Unidos.

EFE

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