Estado pide disculpas por redadas

En un acto público celebrado ayer en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el vicecanciller Óscar Cabello, pidió disculpas a las víctimas por los “lamentables hechos” que llevaron a la detención de 69 niños y adolescentes que vivían o trabajaban en la calle y a su internamiento forzoso en instituciones estatales.

Las detenciones se ejecutaron por orden de la entonces jueza del Menor Mercedes Brítez, quien hoy es candidata al cargo de Defensora del Pueblo.

Las víctimas de estos hechos denunciaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2008, y finalmente llegaron a un “Acuerdo de Solución Amistosa” con el Estado que incluye el pedido de disculpas público y una indemnización económica como parte de la reparación por los daños sufridos.

Entre estos daños, el Estado reconoció que se vulneraron los derechos a la integridad, a la libertad, a las garantías judiciales, a la protección de la honra y la dignidad, protección a la familia, y derechos de circulación y residencia, entre otros.

“El Estado paraguayo tomó el compromiso de prohibir las detenciones masivas y redadas de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, y de reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos”, afirmó durante el acto Carlos Zárate, titular de la Secretaría de la Niñez.

Por su parte, Norma Duarte, de la organización Callescuela, que trabaja con niños y adolescentes trabajadores, declaró a Efe que las redadas contra menores en situación de calle entre 2000 y 2001 fueron una “actuación criminal”.

“Los policías arrancaban a los niños de los brazos de sus madres. En Ciudad del Este, algunos chicos cruzaron corriendo la frontera con Brasil, pasaron a Foz de Iguazú y se les perdió la pista. Otros, quemaron los colchones de la institución donde estaban internos para poder salir. ¿Quién puede pensar que eso es una medida de protección?”, expuso Duarte.

Algunas de las víctimas presentes en el acto agradecieron las disculpas públicas, y la indemnización que recibieron hoy en forma de cheque nueve de los afectados por las redadas.

Vista de un cheque que fue entregado a las víctimas durante el acto público / EFE

Vista de un cheque que fue entregado a las víctimas durante el acto público / EFE

Luz Marina Martínez recordó a Efe que tenía 7 años cuando la Policía la detuvo en la calle, mientras su madre estaba trabajando, y la internó por la fuerza en una institución.

“Nos trasladaban de hogar a hogar, e incluso me separaron de mi hermano. En los tres primeros hogares que estuvimos sufrimos maltrato. Además pasé siete años sin poder ver a mi mamá, hasta que a los 14 años me reencontré con ella”, contó.

Por su parte, Jesús Vidal, de 21 años, explicó que fue sacado de la calle un día que salía de la escuela para llevar la comida a su madre que estaba trabajando, y estuvo internado en diferentes hogares durante 8 años, hasta que cumplió 16.

Vidal recibió este lunes una indemnización de 15 millones de guaraníes, unos 2.800 dólares, y aseguró que aún le queda pendiente el pago de la otra mitad de su reparación económica.

Aunque para Celestina Ruiz Díaz, madre de Abraham Meza, que padeció una de las redadas, el dinero “no alcanza” para reparar a víctimas como su hijo, que “quedó ‘shockeado’ y con muchas secuelas” tras pasar seis meses en hogares para menores sin contacto con su familia.

EFE

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