El cultivo de marihuana a gran escala es una realidad cotidiana en algunas de las comunidades campesinas más pobres de Paraguay, donde la yerba se ha convertido en el único producto de renta que permite a los labriegos obtener carne y otros alimentos básicos. Foto: SANTI CARNERI – EFE


Una anciana de pelo blanco y vestido negro cruza un largo camino de tierra roja. Sale de la chacra que está detrás de su pequeña casa con un enorme fardo en la cabeza, una imagen tradicional del Paraguay rural donde abundan las plantaciones de tabaco y yerba mate pero, en este caso, lo que la mujer sostiene es marihuana.

La señora lleva su carga hasta uno de los almacenes de la colonia campesina de San José del Norte, más conocida como Kambá Rembé, donde cambiará la marihuana por carne, que está al mismo precio, 20.000 guaraníes el kilo, unos cuatro dólares.

Aunque el cultivo de marihuana es ilegal en Paraguay, más de la mitad de esta comunidad de 4.000 habitantes, ubicada en el empobrecido departamento de San Pedro, tiene plantaciones de tres o cuatro hectáreas de esa yerba junto a su casa.

“La gran mayoría de la gente se dedica a ese rubro porque no hay una alternativa de producción. Ya sabemos que es ilegal y que los que se dedican a eso son delincuentes, pero nadie quiere ser delincuente, lo que pasa es que nos obliga la necesidad en la que estamos”, dijo a Efe Francisco Larrea, docente de la comunidad.

Es un secreto a voces en un país de 6,5 millones de habitantes que es el principal productor de esta droga en toda Sudamérica, según las autoridades.

Con plantaciones que ocupan unas 6.000 hectáreas, las organizaciones de narcotráfico de la región exportan al año unas 20.000 toneladas de marihuana, el 80 por ciento de ellas a Brasil, el resto a Argentina, Uruguay y Chile, donde el kilo ronda los mil dólares.

Mientras que en Europa una plantación de tres hectáreas descubierta recientemente en Albacete (España) es considerada la mayor encontrada hasta la fecha, en Paraguay las autoridades han destruido unas 1.200 hectáreas de cultivos ilegales solo en lo que va de 2015.

“Esas toneladas son bolsas y bolsas que llenan camiones, aviones y helicópteros que pasan frente a la comisaría local, frente a los controles de carretera y de aduanas, los campesinos son el último eslabón y lo hacen porque no queda alternativa”, aseguró a Efe Antonio Santa Cruz, concejal del distrito de General Resquín, al que pertenece Kambá Rembé y otras colonias donde se produce marihuana.

La situación de la zona es conocida desde 2009, cuando la Policía Antinarcóticos hizo una intervención para destruir esos cultivos.

Entonces el Gobierno intentó abordar el problema y los campesinos dejaron de cosechar marihuana con la esperanza de volver a dedicarse a otros productos si se mejoraban los caminos, las instalaciones eléctricas y el acceso a agua potable, explicó Santa Cruz.

Pero la ausencia de respuesta del Estado y el aislamiento que persiste en la zona volcó de nuevo en 2013 a miles de familias al cultivo de la planta ilegal, un hecho que volvió a ser cotidiano en la zona y que pasó desapercibido para los medios.

Hasta que el pasado miércoles algo insólito ocurrió pues una de las periódicas intervenciones policiales para eliminar cultivos de marihuana provocó que un millar de vecinos de Kambá Rembé salieran a manifestarse.

“Queremos una alternativa para poder cambiar de la marihuana, no queremos ser delincuentes. Estamos en una situación límite, sin acceso a buena educación, ni médicos, y el mercado para cualquier producto agrícola está a 400 kilómetros”, manifestó Larrea, que acompañó la protesta que se repitió al día siguiente.

La Policía reportó que ha eliminado unas 140 hectáreas de plantaciones en el pueblo.

“¿Y ahora de que va a comer la gente?”, dijo Santa Cruz. “El kilo de mandioca se vende a 100 guaraníes el kilo, la fábrica de almidón y la de caña de azúcar no funcionan por falta de apoyo estatal. No hay caminos, un médico para todos y solo hasta las tres de la tarde. Además, prohibido enfermarse el fin de semana”, ironizó.

Tras la intervención policial, cientos de viviendas han quedado vacías pues familias enteras han huido por temor a ser detenidos.

Aunque en Paraguay la información sobre presuntos vínculos entre el tráfico de drogas y algunos políticos, conocida popularmente con el nombre de “narcopolítica”, está siempre presente en las informaciones de prensa, los cultivadores no suele tener espacio para explicar su realidad.

Santi Carneri – EFE

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