Histórica protesta acorrala al presidente de Guatemala

Unas 30.000 personas participaron hoy en una manifestación histórica que exigió la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, que desde que fue acusado de corrupción el pasado viernes se ha quedado acorralado y sin apoyos, y más ahora que su inmunidad está en manos del Congreso.

“Basta ya de corrupción”, “Por dignidad y respeto, basta ya”, y “Presidente, renuncia ya” eran los mensajes más habituales en esta protesta ensordecedora en Ciudad de Guatemala que sin color político pedía, a una sola voz, la dimisión del mandatario.

Pérez Molina fue acusado el pasado viernes por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de liderar la trama de corrupción aduanera conocida como “La Línea”.

Por el caso han sido detenidas 27 personas, además de su exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015), en prisión desde el pasado viernes y a la espera de saber si será enjuiciada.

En el centro histórico de la capital, millares de personas llegadas desde varios puntos cardinales y de diferentes sectores -estudiantes, empresarios, comerciantes, indígenas, maestros y campesinos- pedían a gritos y sin cansancio la salida del gobernante.

La plaza de la Constitución guatemalteca se pintó de azul y celeste, en honor a la bandera, y sin importar edad, color, religión y estatus, lamentaban que su país “no tuviera” presidente.

“¡Presidente, renuncie ya!”, gritaba la multitud mientras agitaban banderas y hacían sonar a todo pulmón las vuvucelas frente al Palacio Nacional de la Cultura, donde funcionan el Ministerio de la Cultura y la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, y que este jueves permanecía cerrado.

“Nos robaron mil millones anuales en ‘La línea’, es el salario anual de toda la fuerza policial durante 8 años”, decía el rótulo del comerciante Esvin García, uno de los manifestantes.

Maco Minera, originario de Quetzaltenango, ciudad a 201 kilómetros al oeste de la capital, manifestó a Efe que Pérez Molina y Baldetti “jugaron con el hambre del pueblo”.

“Yo no tengo presidente, lo despido por delincuente” decía el cartel del estudiante de Agronomía Ayner Pérez, que junto a otros 18 compañeros hizo viaje desde el departamento de San Marcos, 252 kilómetros al suroeste de la capital.

Pobladores llegados de la comunidad indígena Ixil, en el departamento noroccidental de Quiché, agradecieron a la Cicig por desmantelar la red de “La Línea”.

A la presión a la que es sometido Pérez Molina para que deje el cargo, cuando faltan menos de dos semanas para las elecciones generales del próximo 6 de septiembre, se han sumado la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría General de Cuentas.

Ambos organismos han pedido la dimisión del presidente, cuyo mandato de cuatro años termina el 14 de enero próximo por orden constitucional.

Además, la poderosa cúpula empresarial aglutinada en el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la Asociación de Exportadores Guatemaltecos, la Cámara de Turismo, la de Comercio o la del Comercio Guatemalteco Americana expresaron su apoyo a la marcha.

Y como aval y aliento de la protesta, más de un centenar de empresas suspendieron labores y también unas 500 escuelas cerraron sus puertas.

“La población ya está enardecida porque no soporta más la corrupción, el presidente debe renunciar ya porque no es conveniente que siga en el poder”, aseguró a Efe la procuradora adjunta de Derechos Humanos, Hilda Morales.

Sin embargo, consideró que la salida de Pérez Molina “no es la solución” a la crisis política que vive el país desde abril pasado, cuando se destaparon los escándalos de corrupción, pero, apostilló, sí “es el inicio”.

La procuradora adjunta destacó que los mensajes contra la corrupción “son contundentes” y exhortó a la ciudadanía a continuar con la exigencia de la renuncia del presidente para “tener una Guatemala más democrática y humana”.

Durante los últimos días, Pérez Molina se ha visto más solo que nunca. Se esconde de la prensa y desde este miércoles su futuro no está en sus manos, sino en las del Congreso, donde se eligió por sorteo una comisión que evaluará el retiro de su inmunidad.

Tres opositores y dos oficialistas integran el grupo que, según la ley, tiene 60 días para presentar un informe en el que diga si ve o no indicios, aunque puede hacerlo antes.

Sin embargo, en una nueva sesión, los 158 diputados llevarán a cabo una votación en la que se necesitan al menos 105 votos para que el presidente de Guatemala pierda la inmunidad y pueda ser juzgado.

En la segunda ciudad más importante del país, Quetzaltenango, miles de personas se sumaron al clamor de la capital y varios establecimientos también cerraron sus puertas en señal de apoyo.

La ciudadanía, que solo silencia sus gritos para entonar el himno nacional, y que no cede a la lluvia, no está dispuesta a tolerar “más tomaduras de pelo” y además de la renuncia, exhorta al Congreso a que trabaje y apruebe las reformas electorales, porque “en estas condiciones no queremos elecciones”, como repiten en consigna desde hace un par de meses.

EFE

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