Resaltan ley de acceso a información como hito democrático

La ley de acceso a la información pública, que obliga a las instituciones estatales a divulgar todos los datos que no estén legalmente definidos como secretos, es el mayor avance habido en Paraguay desde que se aprobó la Constitución, en 1992, dijo el periodista y abogado Benjamín Fernández Bogado.

“Nos permitirá ver detrás de los vidrios del poder qué es lo que están haciendo nuestros mandatarios; vamos a recuperar nuestra posición de mandantes, pero será un proceso que requerirá de mucho activismo”, dijo Fernández Bogado en una charla en la Cámara de Diputados.

La ley, firmada el pasado septiembre por el presidente, Horacio Cartes, posibilita también el acceso a salarios de funcionarios, viajes oficiales y contratos.

Fernández Bogado, quien estuvo acompañado en el acto por el jurista mexicano Ernesto Villanueva, añadió que ahora corresponde a la ciudadanía exigir el cumplimiento de esa ley, que entró en vigor este año y fue aprobada tras una serie de protestas ciudadanas surgidas por varios casos de corrupción en las instituciones.

Villanueva, por su parte, habló sobre la experiencia mexicana, tras once años de la promulgación de la primera ley relacionada con la transparencia gubernamental, informó en un comunicado la Cámara de Diputados.

El experto explicó que la normativa es un contrapeso para vigilar a los gobernantes, aunque admitió que puede estar lastrada por problemas burocráticos y por la creación de un órgano rector que depende de los partidos políticos.

“Suena muy democrático, pero tiene una cuota política partidaria. La autonomía es formal pero no real”, opinó.

La ley aprobada obliga a las instituciones a divulgar la información sobre su personal de forma permanente y no solo tras las demandas insistentes de la prensa.

Únicamente podrán negar la información que sea establecida como secreta por ley y el peticionario podrá apelar esa denegación ante la justicia ordinaria.

Entre la información definida como pública están los viajes oficiales realizados por funcionarios, los informes de auditorías y consultorías, contratos y estudios de impacto ambiental.

También establece que todas las entidades deberán responder una solicitud de acceso a información en un plazo de quince días hábiles.

Los dos expertos acudieron a la Cámara de Diputados en el marco de unas charlas para capacitar a los funcionarios del Legislativo.

EFE

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