El negociado de Gramont Berres exije se derogue la ley APP de Cartes

Parlamentario del Mercosur y ex Coordinador de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos (2008-2012).

No todas las alianzas público privadas (APP) son malas. Alemania y China –apenas para citar dos ejemplos– nos muestran cómo alianzas entre el capital privado y público han fortalecido enormemente a estos países.

 

El problema de la ley de APP de Cartes es su discrecionalidad. Según esta ley, el Estado puede asumir garantías y otorgar subsidios sin límites, con la sola firma de una persona, el Presidente de la República, Horacio Cartes, quien no es, precisamente, una persona de honestidad acrisolada. Todo se deja en manos de tribunales internacionales. Si no sabíamos la gravedad de esta pérdida de soberanía, la demanda de 80 millones de dólares por un negociado bajo la modalidad APP perpetrado hace 30 años nos recuerda cómo actúan los tribunales internacionales.

 

Gramont Berres tampoco tenía una honestidad acrisolada. Era socio del dictador Alfredo Stroessner. Era su embajador “itinerante”. En tal carácter, tuvo la brillante idea de hacer una fábrica procesadora de frutas para la localidad de La Colmena. La idea, sin ningún tipo de ironía, es magnífica, pues hubira permitido agregar valor a la producción frutícola del país.

 

El único –y grave problema– radicó en que, a la hora de contratar los créditos para construir la planta procesadora, en lugar de asumir él, como inversionista, el riesgo de la operación, le hizo asumir la responsabilidad al Estado paraguayo, firmando como embajador itinerante tal compromiso. Si bien se trajeron algunas maquinarias –allí estaba el negociado– la planta procesadora nunca se instaló y la abultada deuda recayó sobre todos nosotros. Ahora, a 30 años del negociado, nos querellan por 80 millones de dólares, sin que ni un sólo guaraní haya quedado como beneficio en el país.

 

¿Cuál fue la modalidad empleada por Gramont Berres? La alianza público privada (APP). Él, como privado, contrató créditos, de bancos privados y él mismo firmó, como Estado, las garantías del caso. ¡Genial estafa, que ahora nos costará decenas de millones de dólares!

 

¿La actual ley APP permite negociados similares? Por supuesto que sí, pues todo dependerá de la honestidad de Horacio Cartes, quien podrá firmar compromisos y garantías leoninas en contra de los intereses del Paraguay, cuyos resultados negativos no se verán inmediatamente, sino dentro de algunas décadas, como ocurre con el caso Gramont Berres.

 

¿Cómo se pueden evitar estos problemas? Derogando la inconstitucional ley de APP, como lo hemos pedido reiteradas veces o, al menos, obligando a que cada proyecto pase por el Congreso. Aún con lo corrupto que es este poder del Estado, la discusión pública ayudará a evitar negociados como el de Gramont Berres, que tampoco pasó por el Congreso.

 

Todo el mundo critica el nefasto negociado de Gramont Berres realizado por la dictadura de Alfredo Stroessner, incluso la totalidad de los parlamentarios. Exijamos a nuestros parlamentarios que, para ser consecuentes con tales críticas, deroguen inmediatamente la inconstitucional y peligrosísima ley de APP, que puede multiplicar por cien, o por mil, el perjuicio que hoy nos causa la APP hecha hace 30 años por el embajador itinerante del dictador. Si no derogan esta ley de APP, en realidad están avalando negociados enteramente similares –y mayores– al hecho por Gramont Berres.

 

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*: Autor del libro “Saqueo y abuso. La ley de APP de Cartes”, Asunción:Jerovia, 2014.

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