Destruyen “espacios de memoria” de la dictadura

Activistas por los Derechos Humanos y víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner piden que se protejan los denominados “espacios de memoria” de ese período, tras la demolición a fines de julio de parte de una comisaría que funcionó como centro de tortura en Asunción.

La Comisaría Tercera, lugar de detención y tortura de presos en el mandato de Stroessner y todo un símbolo de la brutalidad de esa dictadura, estaba siendo demolida casi en secreto, dijo a Efe Martín Almada, defensor de los Derechos Humanos y uno de los torturados en ese centro.

“Estaban actuando a espaldas de las víctimas, y sin consultarnos pretendían borrar una parte de nuestra memoria”, expresó el activista, que dirige la fundación Celestina Pérez de Almada, bautizada en honor a su esposa fallecida y dedicada a recordar lo que ocurrió.

El pasado 29 de julio, mientras acompañaba a un grupo de participantes en un seminario sobre preservación de la memoria histórica, Almada trató de entrar en la comisaría, pero los policías le denegaron el acceso argumentando que “estaban echando todo abajo”.

Agregó que las máquinas derrumbaron aproximadamente la mitad del edificio, aunque la parte más vieja de la comisaría, donde se encuentran las antiguas celdas de tortura, no fue afectada por el derribo.

Después, varios activistas lograron paralizar los trabajos en el edificio y solicitaron que se protejan de manera integral y urgente todos los lugares históricos, especialmente aquellos que fueron escenario de hechos relevantes durante la dictadura.

Es el caso del edificio de “la Técnica”, frente a la Comisaria Tercera, donde la fundación que preside Almada logró abrir un Museo de las Memorias, un espacio para dar testimonio de la represión de la dictadura stronista.

“La Técnica” operaba como centro de tortura y de espionaje de los servicios de inteligencia estadounidenses desplegados en Paraguay en el marco de la Operación Cóndor, la estrategia de coordinación de dictaduras en el Cono Sur durante la segunda mitad del siglo XX.

Al pedido de preservación de Almada se suma el de Yudith Rolón, titular de la Comisión de Verdad y Justicia, quien explicó a Efe que la Ley de Protección a los Bienes Culturales no incluye los “sitios de memoria” como patrimonio histórico.

La ley se promulgó en 1982, siete años antes del final de la dictadura.

La Comisión trabaja ahora para que se apruebe en el Congreso una modificación a esta ley que permita incorporar a los lugares relacionados con la dictadura en el acervo patrimonial del país, y les otorgue así la máxima protección.

Además, plantea la necesidad de aplicar medidas cautelares de urgencia para preservar y rehabilitar estos lugares que albergan fragmentos de la historia reciente de Paraguay.

Entre ellos se encuentran también, como indicó Almada, algunos de los bienes apropiados de manera indebida por Stroessner, su familia y algunos de sus colaboradores.

Uno de los más conocidos es la mansión ubicada en el barrio de la Santísima Trinidad de la capital, cuyos terrenos, cedidos de forma irregular por la Municipalidad de Asunción a los Stroessner en 1974, fueron devueltos al dominio público esta semana.

En la mansión, que aún permanece como propiedad privada, Almada plantea fundar una universidad popular, centrada en la formación en asuntos como la ecología o los derechos humanos y que sea accesible a “las personas más excluidas de la sociedad”.

El activista propone además que otras de las propiedades que los herederos del dictador mantienen en Asunción se reconviertan en residencias para estudiantes universitarios de bajos recursos, así como en refugios para los miles de damnificados por las inundaciones que cada año provoca la crecida del río Paraguay.

Almada fue el descubridor, en 1992, de los llamados “Archivos del Terror”, más de 700.000 folios de documentos que demuestran el vínculo entre la dictadura de Stroessner, una de las más longevas de Latinoamérica, y el resto de dictaduras de la región, en un plan orquestado desde Estados Unidos.

Pese a que en Paraguay nunca fue dictada una ley de amnistía, sólo 8 de los 448 presuntos responsables de crímenes, algunos de ellos considerados “de lesa humanidad”, fueron procesados, todos entre 1999 y 2008, denuncia la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).

EFE

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