Indígenas denuncian amenazas de policías en tierra deforestada

Seis policías amenazaron a los indígenas ayoreo en Cuyabia, en el Chaco paraguayo, para que devolvieran una máquina excavadora que había estado deforestando el terreno y que los nativos retuvieron la pasada semana, según denunció hoy a Efe el abogado de la comunidad.

La máquina había sido retirada por los indígenas porque con ella estaban talando bosques dentro de su territorio, en una zona sobre la que pesa una medida cautelar que prohíbe innovar hasta que se definan por vía judicial los límites del terreno, explicó el abogado de la comunidad Maximiliano Mendieta.

Los ayoreo de Cuyabia decidieron guardar la máquina en su territorio como una “prueba de un delito ambiental”, explicó el defensor.

Agregó que los policías se presentaron en el lugar acompañados por el hijo del ganadero propietario de una estancia colindante con las tierras indígenas, y solicitaron bajo “amedrentamiento e intimidación” al líder indígena, Unine Cutamorajna, que devolviera la máquina.

Días atrás se había presentado en el lugar un ganadero de nacionalidad brasileña, acompañado por un militar paraguayo, también con intenciones de reclamar la máquina, agregó la fuente.

El líder indígena se negó a devolver la excavadora “hasta que no se presente en el lugar un fiscal con una orden judicial”, un hecho que hasta la fecha no se ha producido, indicó.

Según el abogado, los indígenas se encuentran ahora en una situación de “grave peligro y vulnerabilidad” dado que varios policías y un militar “han irrumpido de forma violenta y al margen de la ley en su territorio”.

Mendieta agregó que todos estos hechos han sido denunciados ante el Instituto Nacional del Indígena (INDI), por la vulneración de los derechos territoriales de los nativos, como ante la Secretaría del Ambiente (Seam), por la deforestación.

El territorio ancestral de la comunidad ayoreo de Cuyabia consta de 25.000 hectáreas y está rodeado por once empresas agrícolas y ganaderas, la mayoría extranjeras.

Esta extensión fue vendida de forma irregular en 2012 por unos 255.000 dólares y está ubicada en el distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón (occidente), en el Chaco paraguayo.

El pasado 17 de abril, Rubén Quesnel, expresidente del INDI, fue condenado a seis años y medio de cárcel por la venta ilegal de este territorio, una sentencia considerada “histórica” por la Fiscalía.

Quesnel y otros funcionarios de su administración también están imputados por lesión de confianza y apropiación por la sustracción de unos 700.000 dólares destinados a cumplir con dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a favor de las comunidades indígenas Sawhoyamaxa y Yakye Axa, del pueblo énxet.

El pueblo ayoreo es una de las 20 etnias indígenas que viven en Paraguay y algunos de sus integrantes, en aislamiento voluntario, conforman el último pueblo nativo no contactado de América fuera de la Amazonía.

EFE

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