Estado interviene hogar infantil por malos tratos y otros abusos

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) intervino un hogar infantil ubicado en la ciudad de Presidente Franco tras una investigación por denuncias de maltrato, de un presunto abuso sexual y otras irregularidades, dijo Diana Vargas, comisionada del ente estatal.

Vargas declaró que contra el director del hogar, que aparentemente depende de una fundación privada, hay una causa penal por omitir una denuncia en un caso de abuso sexual en el que están involucrados dos menores y otra por haber supuestamente maltratado físicamente a uno de ellos como represalia por haber hecho la denuncia.

Añadió que en el hogar, de nombre Mita Pyahu Roga, gran parte de los niños presentaban también señales de haber sido víctimas de castigos físicos y que había además “una insalubridad tremenda”, con mucha “suciedad” en los baños y las habitaciones.

Los niños presentaban muy bajo peso y talla, hasta el punto de que “chicos de 12 o 13 años de edad tenían el aspecto de niños de 8 años”, según Vargas.

También tenían “dificultades en la lectoescritura”, debido a que no contaban con apoyo escolar y tenían “muy poca ropa para cada uno”, pese a que había donaciones periódicas de vestimenta para la institución.

Muchos chicos padecían además “afecciones respiratorias” y no había registro de si habían sido o no vacunados.

Añadió, además, que un niño de 11 años de edad que presentaba una discapacidad física leve al nacer, al no haber sido asistido, ahora se encontraba “arrastrándose por el suelo” y además no había sido escolarizado.

La intervención se produce tras la investigación abierta en mayo, cuando las autoridades del MNP encontraron que una gran parte de la veintena de niños y jóvenes internados estaba en la institución sin la orden judicial pertinente.

“La acogida en un hogar es una medida excepcional que debe ser temporal y ordenada por un juez para casos en los que los niños son víctimas de abuso o maltrato en sus familias. Sin embargo, muchos de estos chicos permanecieron durante años en el hogar sin que existiera ninguna orden judicial”, declaró Vargas.

La intervención se produce tras la investigación abierta en mayo, cuando las autoridades del MNP encontraron que una gran parte de la veintena de niños y jóvenes internados estaba en la institución sin la orden judicial pertinente.

La intervención se produce tras la investigación abierta en mayo, cuando las autoridades del MNP encontraron que una gran parte de la veintena de niños y jóvenes internados estaba en la institución sin la orden judicial pertinente.

Explicó que los niños fueron enviados a este hogar dado que “en Paraguay existe la creencia de que, cuando una familia está en situación de extrema pobreza, el niño será mejor atendido en un hogar u otra institución”, por lo que los menores fueron derivados al centro con consentimiento de sus padres.

Los niños eran así “captados” por el director de la institución, que llegaba a un acuerdo con los padres de las familias de bajos recursos de la zona, a quienes convencía de que dejaran sus hijos en el hogar, donde se comprometía a prestarles alimentación, salud y otras atenciones, contó Vargas.

Sin embargo, en el hogar “no había una sola persona destinada al cuidado” de los menores, sino que “se cuidaban entre ellos”, bajo la única supervisión del director y de una de las internas, de 21 años, que había residido allí toda su vida.

La comisionada del MNP explicó que los menores internados en el centro ya han sido reubicados en familias de acogida o en sus propias familias, en los casos en los que no había órdenes judiciales que obligaran a que fueran separados de ellas.

Insistió además en que, en el caso del centro intervenido, se observa “inoperancia e irregularidades” en la actuación de los cinco juzgados de la Niñez y de la Adolescencia de Ciudad del Este, que no investigaron las denuncias presentadas y en muchos casos archivaron los expedientes de los menores sin llegar a darles trámite para su adopción o su reinserción familiar.

La comisionada del MNP solicitó que la Corte Suprema de Justicia realice una auditoría en estos juzgados y “acabe con la impunidad” de los funcionarios judiciales implicados, por el “daño gravísimo que se les ha causado a los niños y adolescentes” del centro.

Más de 1.700 niños y adolescentes viven en instituciones estatales en Paraguay, según los últimos datos de Unicef.

EFE

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