La politica y el riesgo soberano

La reciente modificación de un artículo de la Ley N° 5.102, conocida como Ley de Alianzas Público Privadas (APP) por la Cámara de Senadores del Paraguay generó un amplio debate de la incidencia que ésta y otras iniciativas polémicas de dicho órgano del Estado tendrían sobre la seguridad jurídica.

La imagen país, las calificaciones de riesgo soberano, de los consecuentes retrasos para instalar infraestructuras que potencien el desarrollo económico y la generación de empleos, del debilitamiento del marco de inversiones para la atracción de capital extranjero, entre otros aspectos. Nos encontramos ante situaciones en que la política podría afectar el riesgo soberano de forma negativa.

Pero ¿A qué nos referimos cuando decimos ‘afectar el riesgo soberano’? En la jerga de las calificadoras de riesgos, por medio de calificaciones basadas en letras se indica el riesgo que tendría un Estado, el Soberano, de incumplir sus compromisos en el mediano y largo plazo. Esto se conoce como riesgo soberano.

Para medir dicho riesgo las calificadoras consideran factores específicos de cada Estado calificado. Dichas calificaciones son cotejadas periódicamente por inversionistas internacionales para radicar inversiones físicas en un país o adquirir títulos de deuda (bonos) de determinados estados o empresas. En los mercados financieros internacionales las calificaciones de riesgo soberano tienen incidencia, inclusive, sobre las tasas de interés de los bonos ofertados por un gobierno determinado, donde se cumple la relación de “a menor calificación (y por ende mayor riesgo) mayor tasa de interés”, o viceversa, para la colocación de bonos.

En los últimos años, las calificaciones de riesgo soberano del Paraguay han venido mejorando consecutivamente debido, en gran medida, a los años de estabilidad macroeconómica traducida en sólidos indicadores económicos (aspectos cuantitativos), que al mismo tiempo auguran perspectivas positivas para la economía y la calificación soberana.

Pero nuestras calificaciones de riesgo soberano no han podido avanzar a mayor velocidad porque los factores cualitativos, a la inversa de los aspectos cuantitativos, han sido históricamente un ancla y una amenaza para nuestras calificaciones soberanas. En las evaluaciones de riesgo soberano, las calificadoras internacionales continuamente han señalado el frágil marco institucional y político reinante en el país como importante limitación cualitativa en nuestras calificaciones.

Los últimos acontecimientos en la Cámara de Senadores, sumados a escándalos de corrupción en otras instituciones del Estado, abonan esas debilidades cualitativas que podrían tener serias implicancias en la calificación y la imagen del país, y, peor aún, en el futuro de la nación y sus habitantes en los próximos cinco, diez o quince años, considerando:

El reciente informe de “Global Risks 2015” del World Economic Forum (WEF) señala que los principales riesgos para Latinoamérica y el Caribe en el largo plazo constituyen las profundas inestabilidades sociales, fallos en las planificaciones urbanas y fallos en la gobernanza de los estados, en ese orden de importancia.

Lo anterior podría traducirse, en el caso paraguayo, en graves consecuencias especialmente para los jóvenes y niños, pues el bono demográfico que hoy es una oportunidad para el país podría convertirse en una gran amenaza en los próximos años si el Estado fracasa en brindar oportunidades laborales de calidad, de pensiones, de cobertura médica y educativas a ese amplio segmento poblacional con crecientes demandas.

Para mitigar los referidos riesgos, un condimento fundamental es que exista un pacto o compromiso político general sobre la visión país para brindar previsibilidad a los inversionistas locales e internacionales, y así se puedan seguir concretando proyectos generadores de puestos de trabajo, que a su vez potencien el Producto Interno Bruto (PIB) y la capacidad recaudadora del Estado. Justamente, esa previsibilidad es la que continuamente dañamos con situaciones como las que se han generado en la Cámara de Senadores.

Paradójicamente, son los políticos que criticaron duramente la expansión del endeudamiento público a través de la emisión de bonos internacionales los que han modificado una ley (de APP) que podría contribuir al desarrollo económico y la generación de ingresos tributarios, y, con ello, apoyar el repago de esos bonos, evitando que se conviertan en pesada carga para las futuras generaciones.

Lamentablemente, pareciera que nuestros políticos no son conscientes de estos riesgos, que ni siquiera están en sus agendas, y que no hemos aprendido de nuestros propios errores del pasado y de los claros ejemplos de países de la región en situación de quiebre económico, político y social, lo que dice muy poco de la madurez de nuestros representantes y de su compromiso con los intereses generales del país. Con ésta realidad será difícil sostener adecuadas calificaciones de riesgo soberano que beneficien al país y, más bien, se podrían materializar los riesgos que marca el WEF. Y así nos va y nos irá.

Diego Duarte


Este artículo forma parte de la edición N° 31 de Economía y Sociedad, publicación perteneciente al Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP)

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