La Fiscalía pidió la prisión preventiva para el diputado suplente Carlos Rubén Sánchez, alias "Chicharo", y su hermano Ardonio Sánchez, ambos imputados por un presunto delito de lavado de dinero.


Fiscal Marcelo Pecci - Foto: Ministerio Público

El fiscal a cargo de la causa, Marcelo Pecci, aseguró que entre los acusados “hay un perfil patrimonial que revela activos no justificados”.

Además, en la investigación se detectó “disimulación de bienes mediante sistemas financieros; transferencia de inmuebles, ganado y obtención de préstamos”, según un comunicado del Ministerio Público.

Carlos Rubén Sánchez, que pertenece al gobernante partido colorado, se encontraba en compañía de Marcial Lezcano, titular de la plaza de diputado por el mismo partido en el departamento norteño de Amambay, cuando fue detenido este viernes en el marco de la investigación por estos presuntos delitos.

Ambos legisladores fueron interceptados junto a otras dos personas cuando se encontraban a bordo de una camioneta BMW en las inmediaciones del centro comercial Shopping del Sol, en Asunción,

Carlos Rubén Sánchez fue detenido y conducido a la base central de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Por otra parte, su hermano Ardonio Sánchez, abogado de profesión, fue detenido cuando llegó a la sede de la Senad para asistirle legalmente.

Los dos hermanos fueron trasladados a la Fiscalía de Narcotráfico para prestar declaración indagatoria ante el fiscal Pecci, pero se abstuvieron.

Los nombres de Carlos Rubén Sánchez y Marcial Lezcano aparecieron en un informe de la Senad, presentado el pasado mes de noviembre en el Senado paraguayo, que se basa en “evidencias de audio” para establecer supuestos vínculos entre el narcotráfico y varios políticos.

El documento también menciona a los legisladores colorados Bernardo Villalba y Freddy D’Ecclesiis, a la representante en el Parlasur Concepción Cubas de Villalta y al exdiputado Magdaleno Silva, asesinado a comienzos de mayo en el norte de Paraguay junto a su hijo y otras dos personas.

El informe de la Senad pretendía documentar las acusaciones de nexos entre varios políticos paraguayos y diferentes clanes de narcotraficantes que saltaron a la opinión pública tras el asesinato en octubre del periodista Pablo Medina y de su asistente Antonia Almada, ocurrido en el departamento de Canindeyú.

Medina, periodista de ABC Color, era conocido por sus trabajados periodísticos sobre los supuestos nexos del narcotráfico con algunos políticos locales, una trama que en Paraguay se conoce con el nombre de “narcopolítica”. EFE