Uruguayos piden uso de GPS para corroborar prisión domiciliaria

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, y el ministro del Interior de Uruguay, Eduardo Bonomi, defendieron hoy el uso de aparatos con GPS para condenados con prisión domiciliaria y para detenidos con salidas transitorias, como ya se usan en casos de violencia doméstica.

Uruguayos piden uso de GPS para corroborar prisión domiciliaria

Chediak argumentó que el uso de las llamadas “tobilleras electrónicas” para la prisión domiciliaria permite hacerla más efectiva en la medida que dispensa “un control de parte de funcionarios policiales en persona a la salida de las casas”, además de asegurar que quien está en ese tipo de prisión “no abandone su domicilio”.

Además, defendió que “esas pulseras han resultado altamente exitosas” en episodios de alto riesgo para proteger a la víctima en caso de que su agresor incumpla la orden de alejamiento impuesta por el juez, por lo que se debe “seguir avanzando hacia la implementación en situaciones de violencia doméstica”.

“Si por mi fuera las utilizaría también en las salidas transitorias y el convenio marco posibilita hablar de eso”, declaró Bonomi tras firmar un convenio de cooperación de su cartera con la Suprema Corte (SCJ).

Ese sistema implementado en Uruguay a principios de 2013 es fabricado por una empresa israelí y contiene un localizador GPS en un aparato colocado en el tobillo de la persona mantenida bajo vigilancia.

Si rompe la tobillera, se genera una alerta y en caso de no localizar el usuario, se envía una orden de captura.

Chediak y Bonomi también anunciaron la creación de “una comisión de trabajo para establecer el protocolo de funcionamiento del Guardián”, un sistema de interceptación de celulares y correos electrónicos comprado por el Gobierno uruguayo como herramienta en la resolución de crímenes y que ha generado polémica.

En este sentido, el presidente de la SCJ reiteró que se trata de un sistema seguro, que “cualquier interceptación que se haga por fuera de los marcos legales, sin orden del juez competente es un delito” y que en caso de que suceda, la tecnología del programa permite hacer una auditoría.

“Debemos ahora empezar a instrumentarlo, capacitar a los operadores judiciales, a hacer un protocolo con las garantías para todas las partes, para la Policía, para la Fiscalía, para el Poder Judicial y sobre todo para los ciudadanos en el sentido de que se van a cumplir con las obligaciones legales que se requiere”, afirmó.

Para Chediak, el “Guardián avanza en el garantismo”.

“Este sistema que a partir de hoy se va a empezar a trabajar para ponerlo en operativo es mucho más garantista que los 22 sistemas que hoy están funcionando en todo el país”, completó.

El convenio firmado hoy entre el Ministerio y la SCJ establece la cooperación entre ambos órganos respecto al sistema de gestión de seguridad pública y al registro de datos de menores infractores internados, además de la violencia doméstica y de la implantación del “Guardián”.

EFE

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