Continúan ejecuciones a latinoamericanos en el mundo

Pese a que en América Latina no existe la pena de muerte, muchos de sus ciudadanos han sido ejecutados o están en el “corredor de la muerte” en otros países, lo que ha generado roces diplomáticos con Gobiernos de la región, que han intercedido sin éxito, como el caso de dos brasileños muertos este año en Indonesia.

Continúan ejecuciones a latinoamericanos en el mundo

Los dos únicos brasileños condenados a la pena de muerte fueron fusilados este año en Indonesia, después de más de una década de esfuerzos diplomáticos encabezados por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y la actual mandataria, Dilma Rousseff.

Gularte fue arrestado en 2004 y ayer fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en la isla de Nusakambangan en Indonesia, junto a otros siete extranjeros condenados por narcotráfico.

El otro brasileño, Marcos Archer Cardoso Moreira, de 53 años, fue ejecutado en enero pasado en Yakarta, tras ser acusado en agosto de 2003 de ingresar droga al país, lo que generó una crisis diplomática que llevó a Brasil a llamar a consultas a su embajador en Yakarta.

El pasado 23 de abril el Tribunal Federal de Malasia ratificó su condena a la pena capital emitida contra los tres hermanos mexicanos Luis Alfonso (de 47 años), Simón (39) y José Regino (37) González Villarreal, detenidos en 2008 por narcotráfico, condena que el país asiático ejecuta con la horca.

La defensa ha sostenido que el proceso penal es inconstitucional por una supuesta manipulación de las pruebas, pese a ello, el último recurso que los imputados pueden solicitar ahora es el perdón real para evitar la horca.

Otro latinoamericano que se encuentra en el “corredor de la muerte” en Malasia es el peruano Isidro Cruz, condenando en 2006 por llevar 700 gramos de cocaína en su cuerpo.

En China está el caso de la paraguaya Rosalía Amarilla, de 33 años, que fue arrestada en 2012 por tráfico de drogas y considerada por la organización Amnistía Internacional (AI) como una víctima de las redes de trata de personas.

La ejecución de Amarilla estaba prevista para el pasado 20 de marzo, pero un mes antes China decidió postergar la condena hasta julio, cuando revisará el caso.

Paraguay, que carece de relaciones diplomáticas con China, gestiona el caso a través de Argentina, que sí tiene representación en la nación asiática.

Estados Unidos es el país donde más latinoamericanos enfrentan condenas a la pena de muerte y los detenidos son en su mayoría mexicanos, pero también cubanos, salvadoreños, colombianos, guatemaltecos, hondureños, un dominicano, un nicaragüense, un costarricense, y un argentino.

El argentino sentenciado a la pena capital es Víctor Hugo Saldaño, de 43 años, condenado en 1996 en Texas (EE.UU.) por asesinato, y de quien la defensa argumentó, sin éxito, que es un paciente psiquiátrico.

La defensa de Saldaño, con el apoyo de la Cancillería argentina, que llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), logró dejar en suspenso la sentencia a través de un recurso de hábeas corpus. El argentino ya completa 19 años en el “corredor de la muerte”.

El salvadoreño Gilmar Guevara, de 45 años, recibió la misma sentencia en Texas por dos asesinatos en junio de 2000, pero alega que su juicio no contó con las garantías necesarias y que padece una discapacidad mental que debería salvarle de la condena.

La solicitud de Guevara fue respaldada por el Gobierno salvadoreño en un escrito “amicus curiae” remitido en enero pasado al Tribunal Supremo de EE.UU., que rechazó el pasado 27 de abril revisar la apelación, por lo que Guevara continúa en la lista conocida como el “Corredor de la muerte”.

También en Texas, el nicaragüense Bernardo Abán Tercero Huete fue condenado con la máxima pena en el año 2000 por asesinato, y el no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) logró que en 2013 la CIDH dictara una medida cautelar. La defensa intenta demostrar que el acusado era menor de edad al momento del crimen.

El costarricense Terrance Valentine Pineda fue condenado a la inyección letal, por asesinato en 1989.

Tanto el Gobierno de la presidenta costarricense Laura Chinchilla (2010-2014) como el actual de Luis Guillermo Solís han hecho gestiones diplomáticas ante EE.UU. y le han pedido reconsiderar la pena, pero no han tenido éxito y el Valentine continúa una batalla legal para evitar su ejecución.

En 2012 la defensa del guatemalteco Cristian Antonio Monterroso, de 42 años, presentó un recurso de amparo en una corte federal estadounidense para que desista de la condena que le fue impuesta en 1993 por dos asesinatos en 1991.

Mientras que José Francisco Guerra, otro guatemalteco de 54 años, fue condenado en 1993 por un asesinato cometido en 1990 y su defensa ha intentado demostrar que el hombre padece de retraso mental.

Las tres últimas ejecuciones en América Latina, donde la pena de muerte está abolida o no se aplica en la mayoría de los países, tuvieron lugar en Cuba en 2003.

En la mayoría de países latinoamericanos que no han abolido totalmente ese castigo, se mantiene para casos de guerra o traición a la patria, pero no se aplica desde hace varios años.

Venezuela fue el primer país del mundo que la abolió, en 1863, y Costa Rica el tercero, en 1882.

La última ejecución en Puerto Rico fue en 1927, en Brasil data de 1876, en Chile, en 1985 y en Colombia se remonta a 1907.

En México, Argentina y Bolivia fue totalmente abolida. EFE

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