Debaten creación de corte penal para Unasur

La eventual creación de una Corte Penal Suramericana en el marco de la Unasur, su aplicación, su jurisdicción y competencia comenzaron a ser debatidos en la Universidad de Buenos Aires, en un seminario que fue inaugurado por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga Zambrano, promotor del proyecto.

Debaten creación de corte penal para Unasur

El combate a la delincuencia organizada transnacional en la región, con delitos como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, lavado de activos, delitos cibernéticos, tráfico ilícito de bienes culturales y falsificación o comercialización de fármacos caducados resume el objeto del proyecto que desde hoy y hasta mañana discuten juristas nacionales e internacionales en la Facultad de Derecho.

En el acto de apertura -del que también participaron Beinusz Szmukler, por la Asociación Americana de Juristas; Tania Arias Manzano, asesora jurídica de la Unasur y la embajadora de Ecuador en Argentina, Gloria Vidal-, Gils Carbó destacó que el proyecto conforma “una experiencia pionera a nivel mundial” al tratarse de “la creación de una Corte Penal en la región que nace para el juzgamiento del crimen organizado internacional”.

“Representa la posibilidad de avanzar por primera vez en una construcción colectiva de las administraciones de justicia de la región destinada a resolver las inquietudes cada vez mayores que tenemos los países sudamericanos en cuanto a la delincuencia internacional”, señaló la procuradora.

La Corte Penal Suramericana (CPS) no será una Corte que juzgue a los Estados ni que actué en temas de derechos humanos porque no se busca reemplazar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ni de la Corte Penal Internacional, sino que apunta a la lucha contra el crimen organizado en los países del bloque, y ya tiene el visto bueno del secretario general del organismo, Ernesto Samper.

“Esta iniciativa tiene total congruencia con algo que ya forma parte del tratado constitutivo de la Unasur: el compromiso de los países miembros de trabajar conjuntamente en el combate del delito organizado transnacional”, remarcó Gils Carbó.

La idea, que según la procuradora ya logró un amplio consenso en los países de la región, surgió a partir de la identificación y arresto en Ecuador de una banda de sicarios que ejecutaba ilícitos en ese país pero que tenía su base, y por eso seguía activa, en Colombia.

Esa experiencia empujó a Chiriboga, fiscal general ecuatoriano, a diseñar el proyecto con el fin de combatir la delincuencia organizada transnacional de manera conjunta, en el marco de la Unasur.

En el seminario-debate de hoy se analizó el borrador de la iniciativa y se buscó complementarlo con los lineamientos de otras ponencias, para establecer cómo operará, cómo será la selección de sus miembros, qué características deberían tener esos integrantes y los criterios de admisibilidad de los postulantes.

“Partimos de un proceso de integración entre los estados que tiene un compromiso con la equidad; una equidad que tiene ver con la promoción de la diversidad, con la valoración del pluralismo étnico, cultural y racial y con el impulso de políticas públicas que propenden al desarrollo y la inclusión”, señaló Gils Carbó y agregó: “Es hora de que nuestras administraciones de justicia incorporen esos valores y que se plieguen al paradigma de la integración regional. Espero que este seminario sea un paso más en ese camino”.

Por su parte, Chiriboga reseñó que hace más de dos años que el proyecto se viene trabajando y ya se presentó en las fiscalías de los 12 países miembros de la Unasur (Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Surinam, Venezuela y Guyana), y señaló que hasta ahora esas opiniones “van construyendo esta utopía”, como definió al objetivo de conformar en la región un espacio desde el que “internacionalmente se luche contra los delitos que tanto afectan a los ciudadanos”.

“Hay que ampliar la soberanía y eso es que los delitos que se cometen nuestra región que tienen efecto en dos o tres o más países puedan ser juzgados por completo por una Corte que tenga jurisdicción y competencia para juzgarlo”, agregó el promotor de la idea, que expresó la necesidad de que en su corta pero eficaz historia la Unasur “salga de los discursos y actúe en lo operativo”.

Chiriboga subrayó que el fin del seminario es el de “enriquecer jurídicamente el proyecto de la creación de la Corte de la Unasur para que, una vez realizados los aportes de los juristas y del público, pueda ese borrador actualizarse con la opinión del resto de los países miembros”, con la idea de que este mismo año se presente a las Cancillerías y presidencias de cada Estado, de donde saldrá la decisión final sobre la iniciativa.

En ese punto, señaló que “las fiscalías allí habremos terminado con la labor de haber trabajado en un instrumento útil en el camino a la integración y la búsqueda de la seguridad”.

Y remarcó que en esta instancia se habrá cumplido con la gran misión al presentar una iniciativa “que por lo general proviene de los países del norte”.

“Esta vez nosotros queremos demostrar que en el sur, que también existe, también somos capaces de pensar, de crear y de proponer cosas que transformen la justicia transnacional”, finalizó.

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