Comunidad indígena denuncia a empresa por invasión de sus tierras

Los miembros de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, a la que el Estado paraguayo restituyó sus tierras el pasado año en cumplimiento de una sentencia dictada por la CorteIDH en 2006, denunció a dos empresas ganaderas por invasión de ese territorio, situadas en la región del Chaco.

La denuncia se dirige contra administradores y empleados de las empresas Roswell Company y Kansol S.A., propiedad del empresario alemán Heribert Roedel, que poseían la titularidad de los terrenos hasta el pasado junio.

Ese mes, el Estado paraguayo aprobó una ley de expropiación de 14.404 hectáreas en favor de la comunidad Sawhoyamaxa para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Desde este momento, los empresarios perdieron sus derechos sobre estas tierras, pero los nativos denuncian que desde la promulgación de la ley los ganaderos han intensificado la actividad en la zona, explicó a Efe Ireneo Téllez, abogado de la organización Tierraviva que representa a la comunidad.

Los empresarios ocupan unas 9.000 hectáreas del total de terreno que es propiedad de los indígenas, agregó el abogado.

Las 150 familias de la comunidad Sawhoyamaxa, que pertenece al pueblo indígena énxet, ocupan las restantes 5.000 o 6.000 hectáreas, del total de 14.404 que les pertenece por ley.

Los indígenas manifestaron además que los peones de la estancia ganadera propiedad de Roedel portan armas de fuego y profieren amenazas contra ellos.

“Hay una ley de expropiación vigente que los ganaderos no están cumpliendo. No quieren abandonar nuestra propiedad y por eso les estamos denunciando. Además, el personal de la estancia está permanentemente armado, amenazando y creando zozobra”, expresó a través de un comunicado Carlos Marecos, líder de la comunidad.

Según Téllez, estos comportamientos constituyen “una invasión intimidatoria de un terreno ajeno”, y existe el riesgo de que “los peones utilicen la violencia”.

La ocupación impide además que la comunidad indígena pueda desarrollar actividades como el cultivo agrícola para consumo propio o la pequeña ganadería, aseguró.

En 2006, una sentencia de la CorteIDH reconoció que la comunidad Sawhoyamaxa fue expulsada de su territorio ancestral por Roedel sin que el Estado lo impidiera.

La sentencia ordenó al Estado paraguayo, además de la restitución del territorio, el pago de un fondo para el desarrollo comunitario por un total de un millón de dólares.

El pago se estableció en concepto de indemnización por los daños inmateriales provocados por la privación de sus tierras durante más de dos décadas, recordó Téllez.

Advirtió que este fondo no podrá ejecutarse para financiar ningún proyecto de desarrollo mientras el territorio de Sawhoyamaxa siga ocupado por los empresarios.

“Mientras los ganaderos permanezcan ocupando el lugar, no se puede considerar que se esté dando cumplimiento integral a la sentencia de la CorteIDH”, expresó Téllez.

Los indígenas solicitaron hoy al Ministerio Público que uno de sus representantes se desplace hasta la comunidad para verificar la invasión de su territorio. EFE

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