Denuncian persecución a abogada

La organización Tierraviva denunció la “persecución” hacia la abogada Julia Cabello, coordinadora de la asociación, por una causa relacionada con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que obliga a Paraguay a restituir 14.404 hectáreas a la comunidad indígena Sawhoyamaxa.

Denuncian persecución a abogada

La presidenta de la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia, Gladys Bareiro, abrió sumario a la abogada por considerar que las críticas que Tierraviva dirigió a uno de sus fallos son “insultos, improperios y trato deshonroso” y comportan una “falta grave”, según relató Cabello a Efe.

La abogada se enfrenta ahora a una posible suspensión de su actividad profesional e inclusive la inhabilitación por haber criticado que la Corte de Justicia admitiera a trámite el pasado mes de diciembre un recurso de inconstitucionalidad contra una ley que pretende devolver sus tierras a miembros de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, en cumplimiento de una sentencia de la CorteIDH.

La apertura del sumario “es un abuso de poder y una medida completamente desproporcionada, que atenta contra la libertad de expresión y la crítica libre y argumentada de los fallos judiciales, y se produce en el marco de una persecución hacia los defensores de los derechos humanos”, afirmó Cabello.

La abogada considera que admitir un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que restituye las tierras a los indígenas “obstaculiza el cumplimiento de una sentencia de la CorteIDH y mantiene en la ambigüedad los derechos” de esta comunidad.

Añadió además que los miembros de la comunidad Sawhoyamaxa permanecen en el territorio que reocuparon en 2013, pero no pueden extenderse por las 14.404 hectáreas que según la ley les pertenecen porque el proceso de expropiación está suspendido hasta que se resuelva la acción de inconstitucionalidad.

Explicó que se trata de la segunda ocasión en que el empresario que se apropió de las tierras de la comunidad, el alemán Heribert Roedel, promueve un recurso contra la ley de expropiación.

En la primera ocasión, la Corte de Justicia rechazó de forma unánime su pedido en una argumentación publicada el pasado 30 de septiembre y firmada por la propia Gladys Bareiro como presidenta de la Sala Constitucional.

Sin embargo, el pasado 2 de diciembre Bareiro admitió a trámite un segundo pedido de inconstitucionalidad, dirigido esta vez contra un artículo concreto de la ley.

Tierraviva criticó la decisión porque considera que “viola la prohibición de emitir dos sentencias contradictorias sobre un mismo objeto”, una situación que se conoce en derecho como “escándalo jurídico”.

Por su parte, el gubernamental Instituto Nacional del Indígena (INDI) dijo a finales de febrero que espera que la Corte Suprema de Justicia “se mantenga coherente, con su recto criterio en favor de los derechos indígenas” y rechace el recurso.

En 2006, una sentencia de la CorteIDH reconoció que la comunidad Sawhoyamaxa, que pertenece al pueblo indígena énxet, nativo del Chaco paraguayo, fue expulsada de su territorio ancestral por el empresario alemán Heribert Roedel, sin que el Estado lo impidiera.

En junio de 2014, en cumplimiento de esta sentencia, el Gobierno paraguayo aprobó una ley para la expropiación de 14.404 hectáreas en favor de los indígenas.

Los casi 500 miembros de Sawhoyamaxa han pasado más de 23 años apartados de su territorio ancestral, malviviendo al borde de una carretera, a pesar de que la Constitución de 1992 garantiza su derecho a seguir viviendo en las tierras milenarias de sus antepasados. EFE

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