Palestina ya es miembro de pleno derecho de la Corte Penal Internacional

Palestina se convirtió hoy en miembro de pleno derecho de la Corte Penal Internacional (CPI), después de la entrada en vigor de su adhesión al Estatuto de Roma, lo que permitirá la posibilidad de que se juzguen crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos ocupados.

Palestina ya es miembro de pleno derecho de la Corte Penal Internacional

Durante un acto celebrado esta jornada a puerta cerrada en la sede del tribunal en La Haya con motivo de la adhesión, el ministro de Relaciones Exteriores palestino, Riad al Malki, recibió de la vicepresidenta segunda de la Corte y jueza, Kuniko Ozaki, una copia simbólica del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo del alto tribunal.

Para la Corte, esa entrega se hizo “como símbolo del compromiso común en favor del respeto del estado de derecho“, según un comunicado de la institución.

La ceremonia se celebró en presencia del presidente de la Asamblea de los Estados Partes, Sidiki Kaba, varios magistrados de la CPI, así como del vicefiscal, James Stewart, y del secretario de la Corte, Herman von Hebel.

“La adhesión a un tratado es, por supuesto, sólo el primer paso. La entrada en vigor hoy del Estatuto de Roma para Palestina supone que Palestina adquiere todos los derechos, así como las responsabilidades que conlleva ser un Estado Parte en el Estatuto”, dijo Ozaki.

La jueza japonesa agregó que “estos son compromisos de fondo que no se pueden tomar a la ligera”.

Por su parte, Kaba señaló en el mismo comunicado que se trata de “un compromiso muy simbólico que confirma, una vez más, que gente de todo el mundo se acoge a los ideales nobles de la CPI, que son ideales de paz y justicia para todos”.

El ministro de Exteriores palestino señaló que “desde hoy, en que Palestina se convierte formalmente en un Estado Parte en el Estatuto de Roma, el mundo está cerca de poner fin a una larga era de la impunidad y la injusticia”.

“Este acuerdo nos acerca a nuestros objetivos compartidos de justicia y paz”, expresó en el acto celebrado en La Haya.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) presentó el pasado primero de enero ante la CPI la documentación a través de la cual se acogía a 16 tratados multilaterales, entre ellos el Estatuto de Roma.

Según esta documentación el Gobierno palestino aceptaba la jurisdicción del alto tribunal internacional por supuestos crímenes cometidos “en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, desde el 13 de junio 2014”.

La Fiscalía de la corte anunció unas semanas después que había iniciado un examen preliminar de la situación en Palestina para determinar si se cumplían los criterios del Estatuto de Roma.

Según el artículo 126 del Estatuto de la CPI los Estados que se acojan a él, forman parte del mismo el primer día del mes después de un periodo de 60 días tras el depósito de los documentos, siendo el 1 de abril la fecha correspondiente en este caso.

El Gobierno palestino ya había declarado su aceptación de la jurisdicción de la CPI el 13 de junio de 2014 a través de una declaración de conformidad del artículo 12.3 del Estatuto de Roma.

La adhesión de Palestina a la CPI implica la posibilidad de que se juzguen crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos ocupados (Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este).

No obstante, la jurisdicción de la CPI no es retroactiva, y sólo se podrían presentar acusaciones surgidas a partir de ese día, de manera que la competencia de la CPI no afecta al período anterior al 13 de junio de 2014.

Los palestinos ya han anunciado su voluntad de intentar que Israel sea acusado ante la CPI por crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos ocupados, incluyendo Jerusalén oriental.

Esta decisión se adoptó después de que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazara una iniciativa árabe para exigir a Israel la retirada de los territorios palestinos antes de fines de 2017, entre otras demandas.

Creada por iniciativa de la ONU el 17 de julio de 1998 mediante el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional entró en vigor el 1 de julio de 2002. EFE

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