Congreso peruano censuró a la primera ministra por denuncias de espionaje

El Congreso de Perú ha aprobado la moción de censura contra la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, debido a las denuncias de acopio de información de políticos, periodistas y otras personalidades por los servicios de información.

Congreso peruano censuró a la primera ministra por denuncias de espionaje

La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, informó que la decisión del Congreso será comunicada al presidente del país, Ollanta Humala.

Tras esta decisión tomada el lunes por el Parlamento, Jara deberá presentar su renuncia junto al resto de los miembros del gabinete ministerial, y el jefe del Estado aceptarla en un plazo máximo de 72 horas.

Tras cuatro horas y media de debate, el Parlamento dio paso a la votación, donde la moción de censura recibió 72 votos a favor, 42 en contra y 2 abstenciones.

Hasta el inicio del debate se desconocía si la oposición conseguiría reunir los 66 votos necesarios para censurar a Jara.

La censura de la primera ministra en un hecho histórico que no ocurría desde 1963, según fuentes del Legislativo peruano.

Tras conocer el resultado de la votación Ana Jara, que se convirtió en agosto pasado en la sexta titular del Consejo de Ministros en lo que va de gobierno de Humala (2011-1016) escribió en su cuenta de Twitter: “Doy gracias al Señor JESÚS por haberme dado la oportunidad de servir a mi país desde el Ejecutivo! Es una honra q ‘este Congreso me CENSURE'”.

La moción fue presentada por congresistas de los partidos de los expresidentes Alberto Fujimori y Alan García, y del Partido Popular Cristiano-Alianza para el Progreso (PPC-APP), que consideraron insuficientes las explicaciones que ofreció Jara al Congreso el pasado 20 de marzo.

Jara acudió ese día ante el pleno para hablar sobre la recopilación de miles de datos que hizo la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) de políticos, periodistas y personalidades públicas, así como de otros ciudadanos y empresas particulares.

La revista “Correo Semanal” denunció el pasado 19 de marzo que la DINI había rastreado información de los Registros Públicos de cientos de personas, entre las que estaban la mayoría de los actuales congresistas, la propia Jara, el expresidente Alejandro Toledo y el actual ministro de Defensa, Pedro Cateriano.

La DINI se encuentra suspendida en sus funciones desde el 1 de marzo pasado por orden del presidente Humala, quien ordenó someterla durante 180 días a una reestructuración por otras denuncias de espionaje y seguimiento a opositores del Gobierno.

Durante su comparecencia en la sede parlamentaria, la primera ministra anunció la destitución de los jefes de la DINI y el martes pasado se designó de manera interina a un nuevo director de inteligencia nacional.

En una rueda de prensa tras la votación, el portavoz de Gana Perú, Josué Gutiérrez, denunció un “complot” contra el gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso.

“Ellos han conseguido una victoria pírrica y la población sabe que esto tiene un cálculo político”, comentó.

A través de su cuenta en Twitter, la presidenta del partido Nacionalista y esposa del jefe de Estado, Nadine Heredia, dijo que la moción de censura “es una lamentable muestra de chantaje político y aprovechamiento electoral sin pensar en las consecuencias para el país.

Durante el debate, el portavoz de Solidaridad Nacional, Virgilio Acuña, anunció que votarían a favor de la censura, de la misma forma que la exministra de la Mujer Carmen Omonte, que decidió ir en contra de la opinión de sus diez colegas de Perú Posible, aliado del gobierno.

Horas antes de la sesión parlamentaria, el presidente de Perú pidió al Congreso actuar “con responsabilidad” durante el debate de la moción.

“Pretender dejar sin ‘premier’ al gobierno es para todos los peruanos un problema, porque genera inestabilidad política y parálisis para la ayuda a los diferentes pueblos”, señaló Humala.

Jara afirmó que está siendo sometida a un “juicio político” en el Congreso y dijo que siente que “no se merece” una censura, ya que si existieran pruebas de que ella ordenó o estuvo enterada de los presuntos actos ilegales de la DINI “ya se hubiese ido”.

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