Bofetada de autoridades judiciales a víctimas de la dictadura

Ningún representante de la Corte Suprema de Justicia ni de la Procuraduría General de la República acudió ayer al encuentro que tenían previsto con 60 personas víctimas de los crímenes estatales cometidos durante la dictadura militar de Alfredo Stroessner.

Bofetada de autoridades judiciales a víctimas de la dictadura

Según informó la Cámara de Diputados, ambas autoridades avisaron de su ausencia media hora antes del comienzo de la reunión, cuando víctimas de bajos recursos y provenientes de distintos lugares del país les esperaban junto a la titular de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada independiente Olga Ferreira.

El encuentro fue suspendido por la falta de representantes de las instituciones mencionadas y se postergó por 15 días.

Según Ferreira, los funcionarios de la Procuraduría y la Corte Suprema se excusaron en que tenían “otras actividades ya programadas”. Y calificó esa actitud de “falta de respeto” hacia las víctimas.

La reunión pretendía dar respuesta a las preocupaciones de las víctimas de la dictadura, después de que la Justicia ordinaria declarará prescritas algunas acciones contra las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen militar y que sirven de fundamento para conseguir una indemnización estatal.

“Me da mucha pena hacerles venir hasta acá y que se queden sin ninguna respuesta, ya que les cuesta muchísimo salir porque son de escasos recursos”, dijo la abogada defensora de los afectados, Rocío Amarilla.

“Llegamos y nos dijeron que hace media hora se excusaron la Procuraduría y la Corte de venir a dar la cara y explicarle a esta gente el por qué de la resolución”, declaró Amarilla, según un comunicado de la Cámara de Diputados.

La diputada Ferreira aseguró que esperaban hablar con la Corte Suprema porque existe “un conflicto de interpretación”.

“Este daño moral no prescribe y es por esa razón que quería escucharles sobre el punto, para dar mi opinión al respecto”, añadió.

La dictadura militar más larga del Cono Sur dejó una secuela de 425 desaparecidos o ejecutados, detuvo a casi 20.000 personas que en su mayoría padecieron torturas, y forzó el exilio de 20.814 paraguayos, según un informe de la Comisión de Verdad y Justicia publicado en 2008.

La mayoría de los responsables de los crímenes cometidos por la dictadura están libres y sin haber sido juzgados, según denuncia la Coordinadora de Organizaciones de Derechos Humanos (Codehupy). EFE

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