Un tal artículo 40 de nuestra Constitución

Presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay y abogada especialista en Derecho Constitucional y Laboral

Dice por ahí la Constitución Nacional en un tal artículo 40 que el Derecho a Peticionar a las autoridades es aquel que nos faculta de manera individual o colectiva y sin requisitos especiales a pedir explicaciones a las autoridades sobre un tema de interés vinculado a aquellos que desde el cargo público tienen la obligación de rendir cuentas.

En ese sentido la Coordinadora de Abogados del Paraguay, gremio preocupado por la falta de seguridad jurídica, ha pedido a la Corte Suprema de Justicia explicaciones públicas que justifique o deje al desvelo, la contradicción que representa, haber sentado posición en acciones de inconstitucionalidad que rechazan pretensiones de los funcionarios públicos que, en un principio, entendieron que trabajar 8 horas, 5 días a la semana, violaba sus derecho laborales adquiridos.

En ese sentido a través del el Acuerdo y Sentencia Nro. 440 de fecha 30 de mayo de 2013 se dibuja una posición contraria a la asumida por la Corte Suprema de Justicia a comienzo del año lectivo 2015 con relación a los funcionarios judiciales de suspender la implementación de las 8 horas laborales como jornada de trabajo, con lo cual se instaura un esquema de inseguridad jurídica imperdonable en un Estado de Derecho, pues no podemos permitir, ni tolerar que existan privilegios que violentan el principio de igualdad constitucional.

Podemos resumir la posición de la Corte, en el Acuerdo y Sentencia citado en el párrafo anterior que motivaron el Rechazo de la Inconstitucionalidad planteada por un funcionario público  en los siguientes puntos: 1.) Debe rechazarse la inconstitucionalidad de los arts. 57 y 59 de la Ley N° 1626/00 que imponen una jornada de cuarenta horas y la obligación del funcionario de cumplir la misma cuando la misma CN establece que la jornada no debe exceder de cuarenta y ocho horas semanales, por lo que el aumento se ajusta a derecho y no constituye horas extraordinarias; 2.) Una doctrina del derecho adquirido según la cual el Estado no puede introducir cambios en las condiciones laborales de los funcionarios públicos es jurídicamente irrazonable e insostenible porque le impide adecuar su política de personal a las circunstancias cambiantes (del voto de la Dra. Bareiro de Módica); 3.) Corresponde rechazar la inconstitucionalidad de los arts. 57 y 59 de la Ley N° 1626/00 que imponen una jornada de cuarenta horas y la obligación del funcionario de cumplir la misma cuando es imposible invocar la circunstancia o hecho variado para sostener su invariabilidad, dado que la esencia de las nuevas leyes es que modifican, crean o eliminan modalidades para regular una nueva figura jurídica (del voto de la Dra. Bareiro de Módica); 4.) Es procedente rechazar la inconstitucionalidad de los arts. 57 y 59 de la Ley N° 1626/00 que imponen una jornada de cuarenta horas y la obligación del funcionario de cumplir la misma cuando se encuentra entre las atribuciones del Estado regular las jornadas laborales en atención a sus necesidades, que se van acrecentando con el desarrollo social y económico, y necesita de funcionarios que acompañen este avance que no puede detenerse por cuestiones particulares (del voto del Dr. Fretes).

En síntesis palabras más, palabras menos, la Corte dice “que todos los funcionarios públicos del país, menos a los que dependen de ellos, deben cumplir con la carga horaria establecida por sus superiores” . Queremos saber por qué? Sólo eso. Hasta la fecha no hay respuestas.

Es la in-cultura de nuestras autoridades que no rinden cuentas… El silencio grita estridente que en Paraguay la democracia es un simple “apodo” vacío de contenido real.

 

 

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