Desde desalojo, en Guahory niños no van a la escuela por temor a más violencia

Las familias afectadas denuncian que viven una situación de vulneración humanitaria, tras la destrucción de sus casas, cultivos alimenticios, saqueo y matanza de sus animales de corral y la destrucción de sus pozos de agua.

Desde desalojo, en Guahory niños no van a la escuela por temor a más violencia

Referentes de las familias campesinas denuncian que a un mes del desalojo ilegal viven en condiciones de precariedad humanitaria, bajo carpas de hule, sin ninguna hectárea de cultivos alimenticios, sin animales de corral y sin pozos de agua.

Todo quedó destruido por la comitiva fiscal-policial-civil, que de acuerdo a las estimaciones destruyó el 70% de los cultivos de venta y el 100% de los cultivos de alimentación que sostenían a las familias.

Uno de los pobladores, con secuelas por la violencia policial, aseguró que la policía y los civiles robaron sus pertenencias y animales, y los animales que no pudieron llevar fueron muertos y algunos de ellos arrojados a los pozos de agua de las familias.

Además explicó que en la comunidad estiman en 600 la población infantil, que asiste a clases a la escuela San Luis, distante a cinco kilómetros. Pero que después del desalojo, ninguna familia envía a sus hijos e hijas al lugar, por la falta de seguridad, principalmente porque cerca de la escuela se ubican las personas que impulsaron el desalojo.

Según la misma fuente, en total en el lugar viven 215 familias en 1.700 hectáreas, una parte de ellas se asentaron en el lugar hace más de 25 años y otra hace ocho meses.

Explicó que están sobreviviendo de changas esporádicas y parcialmente de víveres que el Instituto de la Tierra (Indert) y la Secretaría de Emergencia Nacional les entregó hace unos 15 días. A más de estas instituciones, ninguna del gobierno regional se presentó a interesarse de la situación en que están, aseguró.

 

Antecedentes

Del 12 al 15 de febrero pasados la policía local, el fiscal Alfirio González (Coronel Oviedo) y civiles bajo el mando de los empresarios que promovieron el desalojo, arrasaron los asentamientos de Guahory 1, Guahory 2 y Guahory 3.

Éstas son comunidades campesinas del distrito de Tembiaporâ, departamento de Caaguazú, a alrededor de 300 km de distancia de la capital paraguaya. Allí viven unas 215 familias agricultoras, entre colonas asentadas hace 25 a 30 años y otras de hace 8 meses, en tierras que pertenecen al estatal Instituto de la Tierra(Indert).

Las violaciones a las garantías y derechos elementales de la población campesina violadas por el fiscal, la policía y los civiles fueron múltiples, desde realizar un desalojo sin una orden judicial, la golpiza y tortura policial hasta a embarazadas y ancianos y la quema, destrucción y matanza de casas, capillas y gallinas y cerdos.

Todo esto denunciaron organismos defensores de los derechos humanos y actores estatales, por el obrar ilegal de la fiscalía y policía, por haber encarado un desalojo y destrucción de casas en tierras del Indert sin orden judicial alguna.

Legisladores analizaban en las últimas semanas presentar una denuncia formal contra el fiscal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Indert anunció que denunciaría al fiscal y a los comisarios de policía Celso Zelada y William Giménez.

La violencia fue constatada por una comitiva de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay(Codehupy) y senadores y autoridades regionales, que visitaron la comunidad el 15 de febrero, cuando todavía estaba sitiada por la policía.

Fueron testigos del uso desproporcional de la fuerza y levantaron testimonios de abusos físicos y humillación en distintos grados, como golpiza y detención a mujeres embarazadas, niños, personas discapacitadas y ancianos.

También tortura, destrucción, robo y quema de las pertenencias y animales de las familias, el resguardo fiscal-policial para que civiles pueda destruir las casas campesinas, el desplazamiento de la policía en vehículos de particulares y el no uso de identificación de los policías.

A uno de los pobladores la policía le metió la cabeza en una bañadera y le golpeó con cachiporra, denunciaron las y los pobladores./Base is

 

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