Piden al Congreso abrir concurso para defensor del pueblo

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), que agrupa a organizaciones civiles de todo el país, pidió hoy al Legislativo que convoque a un nuevo concurso público para el puesto de defensor del pueblo, que ocupa Manuel María Paez Monges desde 2001, cuando fue creado el cargo.

Coincidiendo con que la Cámara de Senadores introdujo en su primer punto del orden del día de la sesión ordinaria del jueves la discusión de las renuncias de dos candidatas al puesto, la Codehupy pidió que se abra la convocatoria como manda la Constitución, informó a Efe su titular, Enrique Gauto.

Los senadores debatirán en la primera sesión del año sobre las renuncias presentadas por Norma Elizabeth Valiente González y María Liz García de Arnold, candidatas que habían sido propuestas para la convocatoria del anterior mandato legislativo, según un comunicado del Congreso.

Gauto subrayó que la ley paraguaya manda que coincidiendo con el período de mandato del Legislativo, que es de 5 años, el Congreso convoque a nuevos candidatos para la Defensoría del Pueblo, algo que nunca ha ocurrido, pues la misma persona dirige la institución desde su creación hace 14 años.

El activista recordó que el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en su reciente visita a Asunción, la primera a Paraguay de un titular de la ONU desde 1959, mencionó la importancia de que el defensor del pueblo cumpla con las obligaciones que le exige la Constitución.

“Tenemos el temor de que queriendo dar una imagen de celeridad después de la visita de Ban resuelvan usar a los mismos candidatos del período anterior en lugar de arrancar de cero una nueva convocatoria como dice la Constitución”, expresó Gauto.

La Codehupy ha denunciado desde hace tiempo que la institución no es capaz de gestionar y de adjudicar las indemnizaciones a las víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

Según Gauto, “hay un cúmulo de denuncias de problemas burocráticos o sobre la información confusa sobre cuáles son los documentos o los procesos para recibir la ayuda”.

Así como “denuncias de coimas de funcionarios de la institución que pedían para agilizar la tramitación de solicitudes”, añadió.

La estatal Comisión de Verdad y Justicia (CJV) en 2008 registró 425 ejecutados o desaparecidos y casi 20.000 detenidos por cuestiones ideológicas durante el régimen de Alfredo Stroessner (1954-1989), la gran mayoría víctimas de palizas, picana eléctrica, quemaduras y otras formas de tortura física. /EFE

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